La Fegamp exige acuerdos este año que palíen la infrafinanciación municipal
El presidente del ente, Alberto Varela, augura que de no cambiar las cosas «habrá concellos que lo pasen muy mal»
El pago del 100% del SAF por Xunta y Estado, principal demanda

Alberto Varela junto a Patricia Vilán, secretaria general de la Fegamp, en el desayuno informativo de esta mañana. / Xoán Álvarez
Mateo G. Triñanes
Cuando el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, accedió a la presidencia de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), en noviembre de 2019, se encontró con que el mayor problema de los concellos de la comunidad eran «las dificultades para llevar a cabo inversiones». Hoy ya en su segundo mandato al frente del organismo -siendo el primer presidente que excede los cuatro años en el cargo- el panorama es bien distinto. «Ahora tenemos problemas para llevar a cabo nuestro trabajo cotidiano, el día a día», explicó este miércoles en un desayuno informativo para hacer balance de la actividad del municipalismo gallego a lo largo del pasado año.
Unas dificultades para ejercer las funciones que le corresponden a la Administración local, que tienen como causante la «infrafinanciación estructural» que sufren los concellos y la asunción de gastos que legalmente no le corresponden como el del Servizo de Axuda ao Fogar (SAF). Por ello, Varela se estableció como principales objetivos para el año que acaba de comenzar «la mejora del financiamiento estructural de los concellos» para lo que explicitó que es necesaria una «reforma estatal», pero también que la Xunta sea sensible con esta necesidad a través del Fondo de Cooperación Local (FCL), después de que el aumento del 6,3% anotado en los Orzamentos de 2025 no recogiese la demanda de la Federación de incrementar la parte incondicionada del fondo. Así como lograr el compromiso por parte del Estado y de la Administración autonómica para que entre ambas costeen al 100% el SAF.
«Sé que hablamos mucho de esta problemática —apuntó en referencia a este servicio— pero es que está ahogando económicamente a muchos concellos», censuró Varela que puso como ejemplo el caso del municipio coruñés de Vimianzo: «Se trata de un concello pequeño con un presupuesto anual de alrededor de 5 millones de euros, que en estos momentos está destinando más de un millón a sufragar el SAF» y es que «la cuota que reciben los ayuntamientos es de 12 euros» pese a que el coste «puede llegar a 25 euros» y la parte que aportan los usuarios es «mínima».
Necesidad de mejorar la interlocución
Para lograr estas metas es fundamental, en palabras de Varela, «mejorar la interlocución entre la Federación, la Xunta y el Estado», después de que las reiteradas solicitudes de reunión tanto con la Consellería de Política Social como con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para abordar la financiación del SAF no hayan tenido respuesta.
«Ellos tienen que acordar los porcentajes que le corresponden pagar del servicio, lo que no puede ser es que tengamos que ser los concellos los que sigamos haciendo frente a ese financiamiento», apuntó el presidente de la Fegamp, que explicó como tras su reunión con Alfonso Rueda del pasado 10 de junio, en la que el mandatario autonómico se comprometió a revisar la aportación del Gobierno gallego a la financiación del servicio, la Federación «no ha vuelto a saber nada al respecto».
Tampoco logró Varela una cita con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para abordar el compromiso del Ejecutivo autonómico de incorporar al Sergas todo el personal de las unidades de atención a la drogodependencia. «Los ayuntamientos estamos poniendo el 30% del coste del servicio, el calendario no se está cumpliendo», afeó el presidente de la Fegamp, que ve la situación con «desesperanza» al no haber incluido la Xunta una partida que garaantice la integración en las cuentas del 2025.
En este sentido, el presidente de la Fegamp señaló que al igual que «parece lógica» la convocatoria de la comisión estatal de administración local —como está demandando la Femp—, también es necesario que la Xunta convoque de la comisión gallega de cooperación local que «lleva dos o tres años sin convocarse». Asimismo reivindicó la necesidad crear una comisión permanente para que los municipios sean de los procesos legislativos que afecten directamente a su funcionamiento: «No tiene ningún sentido que la Xunta esté trabajando en la reforma de la Ley de administración local de Galicia y que ahí no estemos sentados ni tengamos ninguna noticia desde la Fegamp».
Informe de la USC
Con el objetivo de estudiar la situación de financiamiento de la planta municipal gallega, la Fegamp ha encargado un estudio a la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Un documento que firmarán de manera conjunta, según indicó ayer Varela, expertos economistas como Santiago Lago Peñas, Xoaquín Fernández Leiceaga, María Cadaval o Alberto Vaquero, entre otros.
En opinión del presidente del ente que aglutina a los 313 concellos gallegos, además de las 4 diputaciones provinciales, abordar una reforma de la financiación local es «urgente y necesario», puesto que de modo contrario habrá «muchos ayuntamientos que lo van a pasar mal».
«Del mismo modo que las comunidades están solicitando al Gobierno sentarse en la mesa para reformar la financiación autonómica, los ayuntamientos también queremos hablar de la financiación del mundo local», sostuvo el regidor de Vilagarcía.
El informe elaborado por los expertos, cuyas primeras conclusiones previsiblemente se conocerán en la primera mitad del año, aportará luz sobre la factura que supone para las entidades locales la asunción de competencias que le son impropias. Un gasto que los técnicos de la Fegamp valoraron en el pasado en más de 500 millones de euros anuales. «Cada euro que se saca para competencias que no nos corresponden salen, obviamente, de algún lado y son cosas que tenemos que dejar de hacer», lamentó.
En este sentido, Varela apuntó la necesidad de llegar a consensos en el marco de la comisión técnica para la delimitación de las competencias autonómica y local donde tanto la Xunta como la Fegamp trabajan de manera conjunta.
Expedientes sancionadores de Política Social a 9 concellos
La necesidad de abordar y llegar a acuerdos de una vez por todas a este respecto es apremiante, ya que tal y como avanzó Varela, Política Social inició en 2024 expedientes sancionadores a diferentes concellos por algún tipo de incumplimiento en la prestación del SAF. Unas sanciones que la Fegamp considera «injustas», precisamente, porque el servicio no está «financiado correctamente».
Alberto Varela señaló que eran «cuatro» los concellos que se habían puesto en contacto con él para comunicarle la apertura de estos expedientes, no obstante no descartaba que «hubiese más en esta situación». Tal y como pudo confirmar Europa Press, a través de la Consellería que dirige Fabiola García, son en total nueve concellos contra los que se ha iniciado expediente después de que hubiesen desatendido los requerimientos de la administración autonómica en varias ocasiones. Se trata de Triacastela, Samos, Pedrafita, Folgoso, Rodeiro, Os Blancos, Punxín, Calvos de Randín y Valdoviño.
El presidente del ente trasladó el malestar y «cabreo» de los ayuntamientos que están percibiendo estas sanciones por «no poder prestar horas de SAF».
«Se trata de sanciones a municipios de diferente color político y el enfado es de todos. No parece razonable que se esté sancionado en relación a un servicio que no se está financiando correctamente», lamentó. La Fegamp explicó que estos expedientes pueden llegar a implicar multas de hasta 20.000 euros y advirtió también de la falta de personal formado para prestar este servicio. «Habrá que hacer esa formación y tener a más gente que esté dispuesta a trabajar en este campo», defendió.
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