Más de 100 particulares gallegos en quiebra cancelan en un año sus deudas

¿Avaló un negocio que se va a pique o a alguno de sus hijos o nietos para que comprase una vivienda que ya no puede pagar? ¿Su negocio ha sido embargado a raíz de la crisis? ¿Tiene un local comercial y las cuentas bloqueadas por impagos? ¿Su expareja no asume la parte de los préstamos que tenían de casados y el banco le reclama el cien por cien? O, incluso, ¿la ludopatía le condujo a un callejón sin salida de facturas que se acumulan desde hace años? Para rescatar a particulares y pequeños negocios asfixiados por las deudas, el Gobierno aprobó en 2015 la llamada Ley de Segunda Oportunidad, una normativa que permite a las personas físicas acogerse al concurso de acreedores y que en 2022 fue reformada para simplificar los trámites y abaratar los costes. El año pasado, más de cien particulares y autónomos gallegos en quiebra lograron la cancelación de las deudas contraídas con los bancos y/o sus proveedores y empezar de cero. Se trata de una cifra récord de casos resueltos en Galicia, cuyo volumen de impagos que superaba los 8 millones de euros, según destaca el despacho de abogados Segunda Oportunidad Galicia que lleva estos casos en la comunidad.

Para hacer borrón de esas deudas y cuenta nueva, los particulares y pequeños autónomos afectados deben afrontar el importe de esas facturas impagadas con sus bienes, ya sea su segunda vivienda, herencias, solares, fincas o vehículos. En ese patrimonio con el que deben poner al día sus cuentas no está incluida la actividad empresarial ya que se considera la fuente de ingresos del afectado. Y además con la reforma acometida en 2022 queda excluida la vivienda habitual. Una vez cedidos sus bienes para saldar sus impagos o, al menos, una parte y demostrado que se actuó de buena fe, se inicia el proceso para cancelar el resto de la deuda contraída.

El día a día de millones de familias se complicó con el estallido de la crisis de 2008 y con la irrupción del COVID en 2020 se repitió el escenario: despidos, negocios con pérdidas y al borde de la quiebra, facturas y cuotas de una hipoteca que se acumulan. Una larga lista de golpes financieros que desembocaron en el bloqueo de las cuentas por no haber hecho frente a la hipoteca, un préstamo personal o los gastos de la tarjeta de crédito. A lo largo del año pasado se resolvieron en Galicia más de un centenar de casos. Algunos de personas con problemas de juego, otros de deudas acumuladas por avalar a familiares que precisaban financiación para emprender un negocio o por actividades empresariales fracasadas. «La Ley de Segunda Oportunidad está siendo una herramienta jurídica efectiva, no solo para salir de una crisis económica sobrevenida como fue el caso de la pandemia, sino que resulta útil para afrontar situaciones económicas asfixiantes por malas decisiones, errores cometidos o por una mala expectativa», explica el abogado y economista Ángel Andújar, del despacho Segunda Oportunidad Galicia, con sede en A Coruña.

La normativa, que la gran mayoría de personas endeudadas desconoce, permite exonerar a particulares y pequeños autónomos del pago de la deuda a acreedores privados como los bancos con importes de hasta 5 millones — las deudas con Hacienda y la Seguridad Social no pueden sobrepasar los 10.000 euros— siempre que se demuestre que se actuó «de buena fe».

Con la reforma de 2022 se agilizaron los procesos al recaer estos asuntos en los juzgados de lo Mercantil, lo que ha permitido deshacer el embudo que demoraba la resolución de estos casos de uno a tres años al tramitarse en otros órganos judiciales. Además, con la modificación de la normativa hace ya más de dos años se permite rebajar el importe de las hipotecas cuando la cantidad pendiente de pago de la compra de esa vivienda habitual supera el valor de mercado del inmueble.

El importe medio exonerado por solicitud en la Ley de Segunda Oportunidad el año pasado en Galicia se situó en torno a los 70.000 euros. La mayoría de las deudas tratadas fueron contraídas con fines particulares, ya que solo el 20% tienen su origen en actividades empresariales, ya sea como autónomo o avalistas de sociedades mercantiles. Solo uno de cada diez solicitudes se acogieron a la modalidad de plan de pagos, uno de los recursos más novedosos que ha permitido la reforma de la ley en 2022.

«La casuística que lleva a los ciudadanos a acogerse a la segunda oportunidad es muy variada. Va desde el sobreendeudamiento provocado por la pérdida de empleo, la rebaja del salario o el acaecimiento de alguna circunstancia excepcional, como un ERTE, enfermedad o accidente a la quiebra provocada por la mala marcha de un negocio, al haber prestado avales o garantías a terceros y finalmente endeudamientos por circunstancias extremas como las dependencias o las adicciones», especifica Andújar.

Salva su vivienda

Con la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad, una empresaria de Madrid, cuyo caso se resolvió el año pasado en Galicia, se ha convertido en una de las primeras personas de España que además de conseguir exonerar su deuda, logró rebajar el importe de su hipoteca en más de 40.000 euros. La hipoteca corresponde con la vivienda habitual de la afectada, cuya actividad fue a la quiebra con una deuda de 138.000 euros. Se solicitó la aplicación del artículo 492 de la ley que permite al juez rebajar el importe de las hipotecas cuando el importe pendiente de pago de la hipoteca supera el valor de mercado de la vivienda. Para conseguir la aplicación de este beneficio jurídico, el deudor debe acorde a la modalidad de plan de pagos y presentar una propuesta al juez. Es uno de los primeros fallos de estas características, destaca el despacho de abogados.

Entre los casos tramitados en Galicia, destaca la exoneración de las deudas contraídas por una persona cuyo endeudamiento derivaba de sus problemas reconocidos con la ludopatía.

Tres solicitudes llegan cada día a los juzgados gallegos

Quieren empezar de cero. Pero las deudas le impedían dar un giro a su vida y cancelar las facturas que les llevaron a la ruina total. Con la Ley de Segunda Oportunidad son cada vez más los particulares y pequeños autónomos que acuden a los tribunales para demostrar que actuaron de buena fe y así exonerar la deuda contraída una vez liquiden su patrimonio. En los primeros seis meses de 2024 —últimos datos disponibles en el Consejo General del Poder Judicial—, un total de 505 gallegos recurrieron a esta vía legal, lo que se traduce en una media de tres cada día. En el conjunto del país, se presentaron entre enero y junio casi 14.900 peticiones. Galicia, con el 3% de las tramitaciones totales en España, ocupa el séptimo puesto del ranking nacional.

Suscríbete para seguir leyendo