Las comunidades de montes esquivan sus obligaciones

La despoblación lleva a que el 56% incumpla su deber de rendir cuentas a la Xunta

Tala de pinos en un monte comunal de Vilanova de Arousa.

Tala de pinos en un monte comunal de Vilanova de Arousa. / Noé Parga

X. A. Taboada

X. A. Taboada

Galicia cuenta con algo más de 3.000 comunidades de montes que, por ley, deberían todos los años rendir cuentas (ingresos y reinversiones) ante la Xunta o facilitar la lista de comuneros. Pero no lo hacen todas, ni siquiera la mitad. El pasado año había incumplido estas obligaciones el 54%, quince puntos más que antes de la pandemia en una evolución que responde a la despoblación que azota al medio rural y que impide que haya personas suficientes o capaces para llevar la gestión de los montes vecinales.

Los incumplimientos se deben principalmente a la falta de comunicación en plazo de las reinversiones realizadas (tienen la obligación de destinar la mayor parte de los ingresos al monte) o por la demora en las renovaciones de las juntas rectoras o la elaboración de los censos de comuneros.

Abandono

La despoblación y el envejecimiento llevan a que haya cada vez un mayor número de montes sin sus respectivas comunidades conformadas, por lo que avanzan hacia el abandono. No hay personas que lo puedan atender o las que quedan en los pueblos y aldeas son muy mayores.

Esta tendencia demográfica, más acentuada en las dos provincias orientales, tiene reflejo precisamente en la actividad de las comunidades de montes a la hora de atender sus obligaciones legales. En la de Ourense tan solo cumple con ellas el 30% de los propietarios, mientras que en la de Lugo se supera el 48%. En la de A Coruña el cumplimiento llega al 50% y las comunidades de montes de Pontevedra son las más cumplidoras, pues el 60,1% envía la documentación requerida a la Xunta.

Según los datos recogidos por la Xunta, el nivel de cumplimiento es de solo el 44% de las 3.034 comunidades, bastante por debajo del registrado en 2019, cuando rondaba el 60%.

Reforma legal

Consciente de esta situación, la Administración autonómica introdujo en 2022 una reforma para intentar frenar las consecuencias de la despoblación. La Lei de Montes de 1989 ya prevé que la Xunta pueda asumir la gestión temporal de los montes vecinales en mano común que se declaren en grave estado de abandono, pero se trata de un precepto que en la práctica no se llevaba a la práctica por falta de desarrollo. Pero en la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos para 2022 se introdujo un cambio para hacer efectiva esta posibilidad.

El cambio legal permite ahora que sean los concellos, en primera instancia, los que asuman la gestión de estos montes abandonados y, en caso de que la rechacen, que la responsabilidad pase a la Consellería do Medio Rural.

En la "nevera"

Y está pendiente otra reforma de gran calado sobre la gestión del monte, iniciada por el anterior conselleiro y que la actual tiene todavía sometida a análisis y metida en la «nevera».

El su libro blanco redactado al respecto, pero como borrador, la Xunta exploraba la opción de dar a los concellos la titularidad de los montes en caso de grave abandono o de inexistencia de la comunidad de vecinos. Se haría así la conversión de una propiedad privada, como son los montes vecinales en Galicia, en una pública.

Es una propuesta que de momento solo se ha quedado en el papel y sobre la que la actual conselleira ha preferido no mover ficha.

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