El registro estatal para controlar pisos turísticos entra en vigor

En el caso de la comunidad gallega afecta a unas 23.600 viviendas | Los dueños censuran la medida, pero los hosteleros la aplauden

Turistas en Vigo el pasado octubre

Turistas en Vigo el pasado octubre / Marta G. Brea

S. L. C.

Santiago

Con la entrada en vigor del registro único de alquileres de corta duración, aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024 y que entró en vigor ayer, España se convierte en el primer país europeo en poner en marcha un sistema que recogerá la información relativa a los arrendamientos turísticos y de temporada que se ofertan en el país. Cada una de esas propiedades tendrá que registrarse para obtener un número de identificación con el que poder operar. En paralelo, se creará una ventanilla única digital en la que se recogerán y se intercambiarán estos datos. Todo, según el Gobierno, para dar más transparencia al mercado, frenar la escalada de precios del alquiler y combatir el fraude.

Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por dar un periodo de transición a los afectados para que se adapten a la nueva normativa, por lo que esta no se hará efectiva hasta el próximo 1 de julio.

La norma operará sobre alquileres turísticos, de temporada, de habitaciones o de otras propiedades —como barcos— que permitan el alojamiento de corta duración a cambio de una remuneración económica, siempre que se oferten a través de plataformas en línea como Airbnb o Booking.

En el caso gallego, la implantación de este nuevo sistema supondrá, en la práctica, un doble registro para las viviendas de uso turístico (VUT) pues también tienen que estar inscritas desde 2017 en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT), en el que, en estos momentos, figuran 23.588 viviendas de uso turístico.

No obstante, en la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), que representa a los propietarios, no tienen claro si el nuevo registro acabará afectando a sus negocios. «Lo estamos estudiando», indica su presidenta, Dulcinea Aguín, que también cuestiona las fechas elegidas para su entrada en vigor. «Son unas fechas complicadas», lamenta. Aguín recuerda que las competencias en la materia son de la comunidad autónoma, que ya cuenta con un registro de viviendas turísticas. «Es un exceso de burocracia», censura.

La asociación Hostelería de Galicia aplaude la implantación del registro que responde, asegura su presidente, Cheché Real, a una vieja demanda del colectivo. Aunque la entidad se ha mostrado muy crítica con el Gobierno por iniciativas anteriores como el registro de viajeros, Real considera que en esta ocasión la Administración central acierta al dotar de más transparencia al mercado. «Lo que queremos es que cumplan como nosotros», señala el presidente.

Argumenta que las viviendas turísticas son empresas que generan beneficios y a las que, por tanto, «debe exigírsele lo mismo» que a cualquier alojamiento tradicional. «Y, a partir de ahí, a competir en el mercado, pero, eso sí, jugando con las mismas cartas, no con cartas marcadas», aduce.

En este sentido, Real incide en que el consumidor «tiene derecho a saber que el alojamiento que contrata está cumpliendo la normativa en materia higiénico-sanitaria o contra incendios».

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