El PP reta a la oposición a llevar a los tribunales los contratos

Tensión, acusaciones e insinuaciones cruzadas, hipérboles y carpetazo. La comisión de investigación sobre el sobrecoste del hospital vigués Álvaro Cunqueiro y sobre la contratación de la Xunta se cerró ayer con un dictamen impuesto por la mayoría absoluta del PP, que establece que no existen ilegalidades en ninguna de esas actuaciones y reta a la oposición a acudir a la justicia para mantener unas pesquisas que los populares tacharon de «difamación». La reacción de BNG y PSdeG fue comparar la actitud del partido que sustenta a la Xunta con el «NODO de Franco» y con «los Santos Inocentes», respectivamente.

El Bloque usó la opción que le dan sus 25 diputados de abrir automáticamente una comisión de investigación, agarrándose al informe del Consello de Contas, que tardó diez años en publicarse, que certifica que el modelo de concesión elegido por la Xunta para construir el hospital de Vigo costó 476 millones de euros más que mediante la vía tradicional, si bien esta era inviable ante la crisis económica de aquel momento. Además, censura los más de 1.500 contratos a dedo a Eulen, de la que es responsable en el Noroeste la hermana del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

«Ni el NODO de Franco se ha atrevido a tantas falsedades», espetó la nacionalista Montse Prado en la comisión, a la que también acudió su jefa de filas, Ana Pontón, informe Efe . Ahora, registrarán un voto particular al dictamen aprobado gracias a los votos del PP y al que se opusieron BNG, PSdeG y Democracia Ourensana.

La socialista Elena Espinosa defendió las enmiendas de su formación al dictamen, tumbadas por el PP, y tachó de «paripé» los trabajos celebrados en poco más de un mes y con decenas de comparecencias vetadas también por los populares. La exministra reiteró que el PSdeG, cuyo líder José Ramón Gómez Besteiro no acudió, estudia acudir a los juzgados al «patrón repetido de coincidencia y favoritismos» entre contratos de la Xunta y familiares de cargos de PP y Xunta.

Por su parte, el diputado popular Roberto Rodríguez recogió el guante y retó a sus rivales a que empleen esa vía. «Por favor, ahora vayan al juzgado», los emplazó. «Cuando apareció la verdad, le dieron la espalda», cerró tras sostener el respeto a la legalidad de las actuaciones de la Xunta.

Una vez concluida la última sesión de la comisión, se abre un plazo de dos días para presentar votos particulares, como ha dicho que hará el BNG. Luego, se votará en el pleno el dictamen, ya en 2025.