La Xunta activa un plan de choque con 90 millones para bajar a seis meses la espera en dependencia

Solo dos de cada diez potenciales beneficiarios de la atención a la dependencia solicitan ayuda. Trámites farragosos y esperas que superan el año para beneficiarse de una prestación hacen desistir a muchos. Otros mueren en mitad del proceso. Y a pesar de ello cada vez hay más solicitudes: en solo dos años han crecido un 40 por ciento.

La Xunta dará un vuelco este año al servicio de atención a la dependencia para imprimirle más agilidad. Su objetivo es que una persona no tenga que aguardar más de seis meses para beneficiarse de un servicio o una ayuda económica —ahora la demora se sitúa en 388 días—. Para ello lanzará un plan de choque dotado de 90 millones de euros que incluye una reducción de la carga burocrática, una simplificación de los trámites e incentivos económicos a los técnicos de los equipos de valoración para que agilicen los expedientes.

«En los dos últimos años mejoramos la cobertura, pero no nos podemos dar por satisfechos. Hay ciertas carencias que debemos atajar», expuso este viernes la conselleira de Política Social, Fabiola García.

Una de las principales novedades de este plan de choque aprobado hoy por el Consello de la Xunta es que las personas que quieran una ayuda a la dependencia no tendrán por qué acudir a su facultativo de cabecera para pedirle una valoración médica ni esperar a que la trabajadora del ayuntamiento redacte un informe social. Estos dos documentos se eliminan. Bastará con que presente la solicitud ante los servicios municipales donde se dejará constancia de su situación social y familiar. Y la Consellería de Política Social firmará un protocolo con la Consellería de Sanidade para poder acceder directamente al historial médico de la persona dependiente. Se facultará incluso a los trabajadores sociales a tramitar la solicitud en nombre del afectado. Según explicó la conselleira de Política Social, se dará además «atención preferente» a los mayores de 80 años.

Uno de cada diez mayores de 60 años sufre ya fragilidad, paso previo a la dependencia

Y para agilizar la tramitación de estas solicitudes la Xunta prorroga el refuerzo de personal en los equipos de valoración a la dependencia, que llegaba a su fin este mes pero que ahora se mantiene, de manera que podrán continuar en sus puestos 78 profesionales, a los que se sumarán otros 29 más cuyas plazas se acaban de crear. Además se pondrá en marcha un plan de productividad con incentivos económicos. Es decir, se pagará más a aquellos trabajadores que resuelvan más expedientes.

Discapacidad y dependencia

Otro cambio importante es la unificación de los procedimientos de discapacidad y dependencia, que hasta ahora se tramitaban por separado. A partir de enero de 2025 la valoración y resolución se hará de forma conjunta.

De hecho, son miles de gallegos los que están pendientes de un reconocimiento de discapacidad, un proceso que puede tardar hasta dos años y medio.

Esto se atenuará a partir del próximo año pues todos aquellos gallegos valorados como dependientes y que hayan solicitado también un reconocimiento de discapacidad lo obtendrán automáticamente. La Xunta hará directamente la homologación, de manera que los dependientes de grado I tendrán una discapacidad del 33 por ciento, si son grado II tendrán el 66 por ciento y si son grado III, del 100 por cien.

Y se hará lo mismo para aquellos dependientes que decidan a partir de ahora solicitar la acreditación de discapacidad: se les concederá automáticamente sin más trámites. Además la Xunta creará una jefatura del servicio de discapacidad en las cuatro provincias para una mejor coordinación y planificación del personal.

Entre las mejoras para el próximo año se incluye la paga que la Xunta abonará a los dependientes en lista de espera, unos 2.700 a fecha de noviembre pasado. La conselleira de Política Social aclaró que una vez tengan reconocida la dependencia podrán optar ya, sin demoras, a una ayuda económica hasta que les sea asignada la prestación definitiva. Se les dará a elegir entre el Bono Coidado de 5.000 euros anuales que se paga a quienes tienen un cuidador familiar, o bien una prestación económica vinculada a un servicio sea un cuidador profesional, una residencia o un centro de día.

Política Social también mejorará el servicio de citación con la puesta en marcha de una plataforma automatizada, a través de la cual se mandarán mensajes de móvil a los dependientes o sus familias. Estas medidas se complementarán con un plan de formación para los trabajadores de servicios sociales.

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