La comisión de contratos se cierra con un choque político

La mayoría absoluta del PP permitirá a este partido cerrar la comisión de investigación sobre contratos de la Xunta durante la pandemia y el sobrecoste de 476 millones de euros en la construcción del hospital vigués Álvaro Cunqueiro con un dictamen que niegue tanto esta cifra ofrecida por el Consello de Contas como posibles tratos de favor a familiares de cargos populares en la contratación pública, pues esta no presenta «ni un mínimo atisbo» de ilegalidad. Ante esa situación, la oposición elevó el grito y evidenció un choque político para cerrar el año.

El BNG usó su bala de plata para forzar una comisión de investigación, apuntando no solo al sobrecoste del Cunqueiro, sino a presuntas corruptelas en la contratación que beneficiaron a Eulen —cuya directora en el noroeste es Micaela Núñez, hermana del expresidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo—, o a la empresa del hermano de la secretaria xeral de Presidencia, Beatriz Cuiña.

La comisión concluye hoy sus trabajos y la oposición lamentó ayer la actitud del PP y negativas a acudir a dar explicaciones como la más significativa de todas: la del propio Núñez Feijóo, que el PP borró del plan de trabajo.

El BNG ya avanzó ayer que no enmendará el dictamen que tienen ya preparado los populares, aunque sí emitirán después un voto particular, al tiempo que esperan un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, al que denunciaron la vulneración de sus derechos por parte del PP al vetar peticiones de comparecencias.

Los diputados nacionalistas Montse Prado, Iago Tabarés y Óscar Ínsua censuraron ayer que el PP haya convertido la comisión en «un chiste» y el dictamen, «en un panfleto».

Montse Prado lamentó que los populares «ya tuviesen desde el primer momento las conclusiones hechas» y que tratasen de «boicotear» sus trabajos, no facilitando documentación, «imponiendo el plan de trabajo» y tratando «de que no se investigase nada».

La diputada cree que esta actitud supone una «burla» al Parlamento y una farsa democrática, aunque los nacionalistas consideran un «acierto» haber impulsado este órgano. En privado, en el BNG sostienen que los trabajos parlamentarios han permitido destapar corruptelas que acabarán costándole votos al PP, a pesar de que faltan algo más de tres años para las próximas elecciones autonómicas.

Los socialistas también alzaron la voz y repitieron, como hizo su líder José Ramón Gómez Besteiro el lunes, que barajan la opción de acudir a los tribunales para denunciar la «trama de corrupción» alrededor de la contratación pública. Apuntaron, por ejemplo, a los 54 millones de euros que suma Eulen, después de que el BNG denunciase en su momento que recibió más de 1.500 contratos a dedo. También denunció la concesión del apoyo al servicio de rastreo durante el COVID al grupo Konecta, de la que es directivo el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas, y citó los beneficios de la empresa Allwork Vestuario Laboral, de la que es socio el esposo de la secretaria xeral del PP, Paula Prado. «Estos casos no son coincidentes, son pruebas de una corrupción sistemática que debe ser investigada con toda rigurosidad», clamó ayer la diputada socialista Elena Espinosa, informa Europa Press.

Más caro y menos dotado

También se refirió al sobrecoste del Cunqueiro. «No solo hicieron un hospital más caro, también más pequeño y menos dotado. Este escándalo no puede quedar impune porque afecta directamente a los gallegos», añadió la exministra, que anunció que su grupo sí presentará un dictamen alternativo al del PP, que sí se mostró beligerante para investigar los contratos de pandemia en el Senado.

Por su parte, el Partido Popular, que tumbará los reproches de la oposición e impondrá unas conclusiones que niegan cualquier irregularidad.

Su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, negó el sobrecoste en el Cunqueiro, en alusión al informe del Consello de Contas que establece que el precio pagado por la fórmula de concesión es 476 millones más caro que la construcción con fondos propios, pero que esta vía era inviable a tenor de la crisis financiera. «Era imposible», recoge el dictamen del PP sobre otra opción de construcción.

Ante esta situación, Pazos exigió a la oposición que se «disculpe» por sus «difamaciones» sobre los contratos de la Xunta y llamó a BNG y PSdeG «tontos útiles» de Pedro Sánchez.