Contas alerta de la falta de servicios en cien concellos en riesgo de despoblación

El rural gallego se está vaciando y el Consello de Contas ha indagado sobre la eficacia de las medidas que se están adoptando para evitarlo. Su conclusión es que hay fallos en esta lucha contra la despoblación. Por un lado, en Galicia, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades como Castilla-La Mancha, Asturias o la Generalitat Valenciana, ni siquiera se ha definido qué es un concello en situación de reto demográfico. El órgano fiscalizador ha articulado sus propios criterios para identificar estos municipios y ha resuelto que en la comunidad autónoma ascienden a un total de 95. En segundo lugar, apunta a la falta de financiación y a la excesiva burocracia que soportan los ayuntamientos para optar a ayudas y fondos europeos. Y, por último, pone el acento en que la prestación de servicios básicos es «peor» que en el resto de Galicia.

A modo de ejemplo, la mayoría de los concellos no disponen de un servicio de urgencias hospitalarias a menos de 30 minutos y además se identifican otros 15 municipios que no disponen de escuelas infantiles. Y, a pesar de que estos ayuntamientos suelen tener una población altamente envejecida, los recursos destinados a mayores también son más escasos que en el resto del territorio. Así en la mayoría de consistorios estudiados la ratio de plazas en función de la población de más de 65 años es más baja que en el resto de municipios de la provincia.

Incluso si se analiza como referencia la cabeza de comarca la prestación de servicios «no mejora». «Ninguno de los concellos que son cabecera comarcal tiene un hospital a menos de 30 minutos», apunta Contas.

Además, el órgano fiscalizador reprocha a la Xunta que ninguna de las escuelas de la Agencia Galega de Servizos Sociais está situada en uno de los 95 concellos en riesgo de despoblación y que solo el 8 por ciento de las escuelas infantiles de la Galiña Azul se ubica en estos municipios.

«Deberá mejorarse la prestación de servicios y la obtención de financiación», propone Contas.

Criterios

En todo caso, advierte que el primer paso debe ser establecer una definición de concello en situación de reto demográfico. «La ausencia de un concepto unívoco impide desplegar acciones de forma integral y coordinada», advierte Contas.

La Galicia rural se desplaza una distancia cinco veces mayor para ir a un servicio público que la urbana

Este organismo propone catalogar como municipio en riesgo de despoblación aquel que tenga menos de 5.000 habitantes, un crecimiento vegetativo por debajo del 10 por ciento, que no haya incrementado su población desde 2015 y que tenga una densidad de población inferior al 20 por ciento. En base a estos criterios, el listado de ayuntamientos afectados ascendería a un total de 95, de los cuales 39 se sitúan en la provincia de Ourense, 42 en Lugo, 8 en A Coruña y 6 en Pontevedra. Según explica Contas, se concentran prácticamente todos en el oriente de Galicia «y se podrían recorrer sin interrupción todos los municipios afectados, a excepción de Cerdido y As Somozas».

Más fondos

El otro gran problema del que alerta Contas es la escasa financiación de estos concellos del rural. El Fondo de Cooperación Local es «un importe muy reducido», tanto que para la mayoría de municipios estudiados representan más dinero las subvenciones que reciben que las partidas que les transfiere la Xunta con cargo a este mecanismo. Y tampoco se ven beneficiados con el Fondo adicional: ingresan un 42,8 por ciento de la media de lo que reciben el resto de ayuntamientos. Contas propone la creación de un Fondo de Cohesión Territorial para luchar contra la despoblación.

Y advierte además que, pese a las convocatorias de ayudas para abordar el reto demográfico, éstas tardan en concretarse y eso genera «inestabilidad». Por otro lado, concurrir a estas subvenciones supone para estos municipios demasiada carga administrativa. «Los concellos en reto demográfico son el 30 por ciento del total pero obtienen un 13,78 por ciento de los fondos europeos», apunta. Por eso, pide simplificar trámites y disminuir la carga administrativa para optar a estas convocatorias.