Galicia necesita 18.000 viviendas asequibles para estabilizar la oferta

Galicia requiere de al menos 18.000 nuevas viviendas a precio «asequible» para revertir la delicada situación que atraviesa el mercado inmobiliario. Es la conclusión a la que llega el «Informe de vivienda asequible en España 2024», elaborado por la consultora madrileña Atlas Real Estate Analytics. Así, el análisis asegura que esa es la cifra necesaria de casas con precio reducido a incorporar en la oferta actual para que las familias gallegas no superen el 30% de tasa de esfuerzo de gasto que dedican a pagar sus alquileres o hipotecas. A nivel nacional, el estudio eleva la cifra a más de 3,5 millones de casas «asequibles» para poder cumplir con el umbral del 30%.

En el desglose por provincias, A Coruña y Pontevedra necesitan cada una, según el análisis, sumar 7.000 viviendas a precio asequible para equilibrar el mercado. Por su parte, Ourense y Lugo requerirían 2.000 de estas casas, respectivamente. En cuanto al resto del Estado, las provincias que más casas asequibles necesitarían en virtud de los cálculos de Atlas son Madrid (864.000 viviendas), Barcelona (716.000) y Alicante (306.000).

En detalle, el estudio no establece ninguna distinción entre viviendas de alquiler o compraventa. Según la consultora, el precio «asequible» se obtiene en base a la distribución de renta de cada territorio, ya sea zona tensionada o no tensionada en el ámbito inmobiliario. «La denominación incluye diversos grados de precio, dado que se han incluido todas las familias que superan el umbral de 30% de tasa de esfuerzo incluyendo gastos», resume el informe. Ese tope máximo está contemplado en la Ley de Vivienda de 2022.

Es decir, ese término de «asequible» hace referencia a precios más económicos que la media del mercado, como ocurre con las viviendas protegidas.

Si el informe cifra las necesidades para Galicia en 18.000 casas adicionales, la Xunta prevé construir en esta legislatura 4.000 viviendas para duplicar el parque de titularidad pública y llegar así a las 8.000. Pero además proyecta otros 20.000 pisos protegidos, además de desarrollar suelo para 5.000 viviendas libres más, aunque sin fecha.

Y a nivel nacional si bien la consultora estima que se requieren 3,5 millones de viviendas de precio asequible para estabilizar el mercado inmobiliario, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fijado en 1,5 millones la cifra de casas necesarias a introducir en el parque público —sin límite de fecha— para alcanzar la media de vivienda social que tienen los países europeos, fijada en un 9% del parque total de residencias. En España, se estima que esta cifra se sitúa alrededor del 3%.

En cuanto a las causas del problema de la vivienda, los analistas de Atlas señalan como principal motivo el déficit acumulado de construcción en los últimos años, una falta de más de 299.000 casas en el parque actual.

En este sentido, el informe pone de relieve la escasa construcción de vivienda pública. Según los datos de Atlas, en el 2022 se calificaron un total de 8.847 viviendas a precio regulado (VPO) en España, un sistema ya obsoleto. «Supone apenas un 10% de su máximo en 1997, cuando se calificaron 85.028 de este tipo de casas en España, incluyendo planes estatales y regionales», señala el estudio, que explica que este descenso está motivado por un cambio de modelo en la construcción de vivienda pública. «La fórmula de la VPO está prácticamente en desuso. En los últimos años se adoptaron nuevas maneras de colaboración público-privada, aunque estas aún no alcanzan el volumen necesario para tener un impacto significativo en la sociedad».

Entre otras causas del problema de la vivienda, el informe también apunta al encarecimiento de la construcción. «Hubo un incremento del 58,5% desde 2006, agravado por el alza de materiales y costes operativos», indica el estudio, que apunta, además, a las altas cargas impositivas que repercuten en los precios. «Los impuestos representan hasta el 30% del valor final de la vivienda», asegura el estudio.

Asimismo, las soluciones pasan, según Atlas, por fomentar el modelo de colaboración público-privada para la construcción de vivienda pública, el incremento de la oferta del suelo, la reducción de costes en la construcción y la reconversión de edificios.

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