Las negociaciones por el traspaso de litoral encallan (otra vez)

Una semana después de lo que parecía un encauzamiento para iniciar las negociaciones entre la Xunta y el Gobierno central para traspasar a Galicia las competencias de gestión del litoral, ha vuelto a aparecer otro escollo en el camino que bloquea las conversaciones. El Estado había rectificado su postura inicial y renunciado a su pretendido derecho de tener que avalar con un informe vinculante toda cuanta concesión para obras o instalaciones no desmontables aspirara a otorgar la Xunta en el dominio público marítimo terrestre (DPMT).

Pero en su nueva propuesta quiere seguir teniendo, aunque con otra fórmula, una función supervisora que el Ejecutivo gallego rechaza también por considerarla una injerencia.

En el nuevo borrador para negociar el traspaso del litoral, el informe vinculante inicial es sustituido por la obligación de la Xunta de notificar cada solicitud en tramitación al Estado, que tendrá un plazo de dos meses para emitir su criterio al respecto. Pero el mayor elemento de conflicto llega porque si hay discrepancias —el Gobierno está en desacuerdo con una eventual concesión—, se abriría entonces un periodo de consultas para solucionar las diferencias de criterio.

Sin facultades

Ante esto, la Xunta considera que «no existe» base competencial para que el Gobierno central se «arrogue a esa potestad». En esta línea, en sus alegaciones a la nueva propuesta, la Xunta recuerda que el Tribunal Constitucional indicó que las comunidades autónomas «son competentes» para otorgar concesiones mientras que al Estado «le corresponde únicamente» la facultad legislativa de establecer el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre.

Aunque la Xunta valora que el Estado retirase la exigencia de un informe vinculante, entiende que la nueva fórmula va en contra el criterio gallego, que apuesta «por la simplificación y por la eliminación de injerencias estatales que pudiesen dilatar innecesariamente la tramitación administrativa autonómica».

Capacidad sancionadora

Galicia también considera que «se debe de garantizar», de forma expresa, la convocatoria regular de la comisión bipartita y, en lo referente a la potestad sancionadora, ve «razonable» ejercer esta competencia con respeto a los títulos que pasa a gestionar y que recaiga en el Estado en el resto de los casos.

Aunque la Xunta también valora que el Gobierno central tomase en consideración, con carácter general, las cuestiones trasladadas al primer borrador, ve necesario introducir en la propuesta definitiva los cambios expuestos en las nuevas alegaciones para «garantizar una correcta» ordenación de la costa y una «aplicación efectiva» de las competencias sobre el litoral.

Por ello, el Ejecutivo autonómico insiste en la urgencia de que la Comisión Mixta de Transferencias —en la que se negocia— se celebre «lo antes posible», así como en la importancia de concretar y cuantificar el traspaso porque «es un paso fundamental» para poder desarrollar la ley gallega.

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