La Xunta intensifica los derribos de construcciones ilegales levantadas en la costa

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) nació para echar una mano a los concellos y combatir, cuando a la administración local le resulta complicado o demasiado conflictivo con los vecinos, las obras ilegales a golpe de expedientes, multas y, cuando hace falta, también excavadoras. Nacida en 2008, con el bipartito, obligó desde entonces y hasta diciembre de 2023 a 1.803 propietarios a reponer la legalidad urbanística y corregir las indisciplinas contra el ordenamiento. Pero además, en los últimos años, ha intensificado las actuaciones para demoler edificaciones ilegales levantadas en la costa, bien en primera línea de playa o en la zona de servidumbre de protección, que alcanza los cien primeros metros desde el mar.

Estas demoliciones afectan a toda clase de edificaciones, desde la base y el cierre para instalar una autocaravana, a un quiosco de playa, un galpón, una caseta con barbacoa, un garaje, una vivienda prefabricada o la ampliación de una casa para darle más volumen y añadir una piscina, pavimentación y cierre, todo ello además —en este último caso, en Oia (Pontevedra)— en la zona de dominio público marítimo terrestre, esto es, justo encima del mar.

En el año 2020 no se realizaron intervenciones de este tipo por la pandemia. En 2021 se ejecutaron 8, para subir a 14 en 2022 y llegar a las 24 en 2023, reflejando estos números las más significativas de las demoliciones. Y a falta de mes y medio para acabar 2024, la APLU ha ejecutado otros 22 derribos.

«Se puede comprobar que, efectivamente, se incrementó el número de demoliciones de forma progresiva desde el año 2020, en el que se había sufrido una fuerte caída por el COVID. La causa del incremento es la concienciación, ya que 9 de esas demoliciones de 2024 se produjeron en actuaciones previas a la iniciación de procedimientos, voluntariamente por los propietarios, al ser conscientes de la ilegalidad de las obras que no disponían de título habilitante», indica la Consellería de Vivenda.

Por otra parte, pero relativo al litoral, el Parlamento aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley en la que se pide a la Xunta que exija al Gobierno central la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para hacer efectivo el traspaso de los medios materiales y personales necesarios asumir la gestión del litoral y de toda la actividad asociada.

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