El alza de dependientes costará 19 millones el año próximo

La reducción de trámites burocráticos para lograr alguna prestación permitirá elevar «de forma considerable» los dependientes atendidos en Galicia, generando un coste adicional de 19 millones de euros a partir del año próximo. De acuerdo con cálculos a partir del coste por usuario de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, esa cifra permitiría añadir alrededor de 4.000 personas al sistema.

El gasto adicional que supondrán varias medidas de simplificación administrativa que aplicará la Consellería de Política Social y que figuran en la Ley de Acompañamiento, el cajón de sastre que permite modificar decenas de leyes de forma más rápida que el sistema habitual al vincularlas a los presupuestos, forma parte de la estimación elaborada por la Consellería de Facenda en el informe de sostenibilidad económica de la norma, al que ha tenido acceso este diario.

Los cambios pretenden reducir la carga administrativa que supone el examen de un dependiente. En primer lugar, se podrá tramitar de forma conjunta en un único trámite el reconocimiento del grado de dependencia y el de discapacidad «cuando así se pida en la correspondiente solicitud». Además, se prevé que los trabajadores de Política Social y de las entidades sociales «actúen como profesionales de referencia prestando la necesaria asistencia» en esta tarea burocrática.

Además, se evitará la duplicación de papeleo, pues «no será necesario aportar un informe de salud en el que se basa la valoración e que será recabado de oficio por el órgano competente en materia de dependencia», según consta en la reforma de la Ley 12/2008 de Servizos Sociais de Galicia que incluye la Ley de Acompañamiento.

Política Social vincula la reducción de trámites con una aceleración de las autorizaciones para que los dependientes reciban prestaciones, que causará el gasto adicional de 19 millones. «El presupuesto irá destinado al gasto generado por el incremento de personas atendidas, ya que la modificación normativa recogida simplificará el procedimiento al máximo. Eso supondrá un aumento considerable del número de resoluciones», apuntan fuentes de ese departamento.

También destacan el refuerzo de personal desde 2021, con la creación, gracias a los fondos europeos, de siete órganos de valoración con 50 profesionales más.

Además, Política Social destaca que se abonará una prestación económica directa a quienes se encuentren en lista de espera «siempre que no sea imposible el acceso inmediato al servicio solicitado».

Esta demora se ha situado en la actualidad en mínimos, con una lista de espera de solo 1.421 personas al cierre del pasado mes de octubre, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales. Un total de 77.984 gallegos tienen derecho a una prestación, pero solo la reciben 76.563. Política Social prevé elevar esa cifra.

Eso sí, los tiempos de espera para la resolución de una solicitud se sitúan en Galicia, al cierre del año pasado, en 262 días, 61 por encima de la medida estatal.

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