Las revisiones de incapacidades en Galicia suman 2.700 casos al colapso judicial
La obligación de fijar nuevas tutelas para personas que no pueden valerse por sí mismas concluyó en septiembre
El poder judicial ya alertó en abril de que necesitaba tiempo
Una cuidadora ayuda a una mujer dependiente a subir unas escaleras en Santiago. / Xoán Álvarez
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En 2021, una ley impuso la obligación de revisar todas las sentencias de incapacidad en España previas a esa fecha para adaptarlas a un marco europeo que busca fomentar la autonomía de las personas con algún grado de discapacidad. Se busca un cambio de sistema, pasando de la habitual sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad a uno “basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones”.
Esa norma fijaba un plazo de tres años desde la entrada en vigor para revisar todos los casos previos a 2021, plazo que finalizó en septiembre, si bien el año pasado los juzgados gallegos tenían 2.649 procedimientos en marcha de estas revisiones, según la memoria de la Fiscalía de la comunidad. El dato creció en 746 casos respecto a 2022, añadiendo más carga a unos juzgados ya saturados. Fuentes judiciales consultadas por este diario confirman que existen decenas de casos pendientes. De hecho, la propia Fiscalía destaca en el citado documento “el impacto que supuso – y sigue suponiendo - la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”. “Cuestión de especial importancia es la relativa a la revisión de las sentencias dictadas sobre la capacidad de las personas según la legislación derogada”, apuntaba el año pasado.
En lugar de establecer que la incapacidad se traduzca en el poder absoluto de un tutor sobre la condición y patrimonio de la persona con discapacidad, la ley de 2021 establece diversas fórmulas, ofreciendo márgenes de cierta autonomía para ellas. “La ley devuelve a todo el mundo la capacidad jurídica de obrar y fija mecanismos en los que es necesario nombrar tutor, una curatela o cualquier fórmula específica”, explica Marta Núñez, del área de asesoramiento jurídico de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami).
Se trata de un antes y un después para el colectivo, pues desaparecen la declaración judicial de incapacidad y el tutor que tiene capacidad omnínoda para decidir sobre esas personas y la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Estas son sustituidas por varias medidas de apoyo, principalmente un curador, que les permite a las personas con discapacidad tener alguna capacidad de decisiones sobre su patrimonio, por ejemplo, pudiendo retirar pequeñas cantidades de efectivo o adquirir algún bien. Su papel es de “asistencia, apoyo, ayuda en el ejercicio de la capacidad jurídica”, excluyendo “en lo posible las actuaciones de naturaleza representativa”, recoge la ley de 2021. También prevé la designación de un defensor judicial para casos como aceptación o renuncia a herencias.
La propia justicia ya preveía en abril que sería incapaz de ajustarse al cronograma marcado, pues se acumulaban casi 160.000 revisiones a nivel estatal. Por eso, ese mes el Consejo General del Poder Judicial instó al Gobierno a ampliar hasta 2029 el plazo para revisar las medidas adoptadas en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, al considerar “insuficientes” los tres años marcados en 2021, cuando se aprobó una ley que adapta la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2006.
«Hasta ahora los afectados no tenían acceso a dinero ni para pequeñas compras diarias»
A pesar de que se ha rebasado el plazo legal para la revisión de casos, que finalizó a comienzos de septiembre, Núñez tranquiliza a las familias que se vean afectadas, pues “hay previsiones en la norma mientras no se produce la revisión”, manteniendo la situación como hasta ahora. “Se entiende que el tutor es el curador con capacidad de gestión”, indica.
Núñez también aclara la importancia del cambio porque permitirá dotar de mayor autonomía a los incapacitados. “Hasta ahora no podían, en algunos casos, ni comprar una barra de pan o pagarse una comida en un bar porque no tenían acceso legal a su dinero. Ahora se les puede restaurar el acceso a algunas cantidades, que es algo que se ve en casos, por ejemplo, de alcoholismo o ludopatía. El sistema hasta ahora era demasiado exagerado”, añade, si bien lamenta la falta de información a las familias sobre estas revisiones, que no se ajustarán al plazo comprometido. “Es orientativo porque tampoco hay una sanción por superar esos tiempos”, sostiene la asesora de Cogami.
El año pasado, la Fiscalía de Galicia abordó 2.629 procedimientos vinculados a la revisión de sentencias de incapacidad, el 21,5% de los casos. Pontevedra se situó a la cabeza con 1.059, seguida de los 958 de A Coruña y los 388 de Ourense. En Lugo, según el citado órgano, no se registró ninguno.
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