La Xunta da más poder a los jefes territoriales, que ya no tendrán que ser funcionarios

Las jefaturas territoriales son los órganos que representan y ejecutan las políticas de cada consellería a nivel provincial. En Galicia hay 48 y están a cargo de los jefes territoriales, un cargo más bien técnico ocupado por funcionarios de la administración que son designados por el conselleiro responsable. Pero ahora la Xunta reformula estos puestos pues les da un mayor peso ampliando sus competencias. No se limitarán solo a coordinar la labor de sus respectivos departamentos a nivel provincial sino que podrán representar oficialmente a las consellerías ante otras autoridades y organismos, además de dirigir, coordinar e impulsar las políticas de sus respectivos gabinetes. Y para desarrollar esta labor el Ejecutivo gallego abre la puerta a designar jefes territoriales que no sean funcionarios, requisito que hasta ahora era imprescindible para ocupar el puesto.

Los sindicatos ya han puesto el grito en el cielo pues consideran que la Xunta convierte a estos cargos en una especie de «comisarios políticos» o «comerciales para vender sus políticas» desplazando a funcionarios y situando en estos puestos a «los excedentes de alcaldías perdidas, diputados y senadores no electos, cargos y afiliados sobrantes».

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La Xunta introdujo este cambio legal ya en un decreto publicado en abril de este año y ahora le da rango de ley a través de la normativa de medidas fiscales, que acompaña a los Presupuestos de 2025. De esta manera se cambia el artículo 35 de la Lei 16/2010 de organización y funcionamiento de la Administración xeral.

Cambio de nombre

La modificación es de calado empezando por el propio nombre de estas unidades. Dejarán de denominarse jefaturas y serán departamentos territoriales. Al frente de estos departamentos estarán los directores territoriales, que dejarán de llamarse jefes.

Serán nombrados, como hasta ahora, por la persona titular de la consellería correspondiente, pero se abre la puerta a designar a personal de fuera de la Xunta para ocupar estos puestos: «serán nombrados entre funcionarios de carrera del grupo A1 o A2 o, atendiendo a criterios de competencia profesional o experiencia entre personas que reúnan los requisitos que en cada caso se consideren adecuados para el desarrollo de su función». Los nuevos directores territoriales tendrán en 2025 unas retribuciones de 78.209 euros, un 2,4 % más que este año.

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Y se le atribuyen las siguientes funciones: «representar oficialmente a la consellería», «dirigir, coordinar e impulsar la política de la consellería en la provincia» y «dirigir y ejercer la supervisión, coordinación y seguimiento de las actividades de los servicios del departamento territorial».

«Quieren instaurar la figura del agente electoral. Colocar a los suyos para salir en las fotos inaugurando presas, farolas o paseando por colegios», critican desde la CIG.

En Comisiones Obreras lo consideran «una falta de respeto a todos los funcionarios de carrera, un atraco a mano armada». «Quieren colocar a personas de fuera, no sé con qué requisitos, si serán amigos de alguien», critica Javier Lareu, de CCOO. En su opinión, le dan una vertiente «política y partidista» a estos puestos. «Vuelven las formas caciquiles», denuncia.

Para Lino Díaz de UGT es «una vuelta al pasado», pues esta fórmula de nombrar jefes territoriales sin ser funcionarios ya se empleaba en la era Fraga.

En CSIF Juan Carlos Rivas apunta que «lo lógico» es que estos puestos estuvieran ocupados por funcionarios que son los que conocen los procedimientos de la administración. «No dejan de ser técnicos», advierte. «Y ahora se quiere meter a gente de perfil político sin conocimientos», apunta. «Será usado para servir a los intereses partidistas de turno», añade.

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