Los dependientes que piden mejoras en su atención se disparan un 46%

Más de 15.200 gallegos solicitaron en 2023 una revisión de la ayuda

Los trabajadores sociales lo achacan al agravamiento de su estado tras las demoras en tramitar la prestación

Una persona mayor en su casa.

Una persona mayor en su casa. / FDV

Paula Pérez

Paula Pérez

Santiago

A la pila de expedientes de personas que demandan ayudas a la dependencia, los técnicos de la Consellería de Política Social tienen que añadir las cada vez más numerosas solicitudes de revisión de dependientes que, tras agravarse su estado o bien descontentos con la prestación que reciben, reclaman a la Xunta una revisión de su caso. En 2023 el departamento de Fabiola García tuvo que reevaluar a 20.729 gallegos. Aunque 5.484 se hicieron de oficio por parte de la propia Administración, la mayoría, un total de 15.245 fueron reclamadas por los propios afectados, una cifra que se ha disparado en el último año un 46 por ciento.

Estas revisiones se piden, por un lado, para modificar el nivel de dependencia, es decir, cuando el estado de la persona se agrava puede pasar de un grado I a un grado II, por ejemplo, lo que conlleva una mayor intensidad en las ayudas. Este tipo de reevaluaciones son las mayoritarias (8.529 dependientes). Pero también hubo 7.708 solicitudes para cambiar el tipo de prestación. Puede ocurrir que una persona que reciba una paga para que un cuidador lo atienda en casa prefiera irse a una residencia. Y, por último, hubo 4.492 a los que se les revisó tanto grado como el tipo de servicio que percibía.

Como resultado final, de estas 20.729 solicitudes solo la mitad prosperaron. Según informa la Consellería de Política Social, se autorizó un cambio de grado o de ayuda a 9.393 dependientes. «El resto, o bien ya no fueron admitidas a trámite por algún defecto de forma que el interesado no llegó a subsanar, o resultaron desestimadas por los equipos de valoración», explican desde la Xunta.

El volumen de expedientes de revisión se ha disparado, en todo caso, durante el último año. De 14.921 peticiones planteadas en 2022 se ha pasado a más de 20.000, un incremento del 39 por ciento. En concreto, las solicitudes presentadas por los propios dependientes aumentaron un 46 por ciento y las reevaluaciones planteadas de oficio por la propia Xunta un 23 por ciento. Tras estas revisiones en 2023 se elevaron también un 20 por ciento los cambios de grado y prestación respecto al año anterior.

¿Pero a qué se debe este incremento en el número de dependientes que demandan a la Xunta mejoras en su atención? «Hay mucho retraso tanto en las valoraciones de dependientes como en la asignación de recursos, de manera que cuando les llega la prestación han pasado casi dos años y se ha producido un agravamiento en su estado, que les obliga a pedir una revisión» explica Isabel Fernández, trabajadora social en un centro de salud que además es vocal de la junta de gobierno del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia.

Según explica, la demora se ha incrementado en los últimos años. «Como ejemplo conozco a un señor que inició el trámite en noviembre de 2022, lo valoraron en diciembre de 2023 y aún no le han asignado a día de hoy ningún recurso», explica esta trabajadora social.

El Bono Coidado provoca un aumento de solicitudes

La demora media en Galicia para percibir una prestación a la dependencia se sitúa en 387 días. La Consellería de Política Social aprobó un decreto en el que se simplifican trámites para reducir así las largas esperas de los dependientes, pero, según los trabajadores sociales, de momento no han notado una reducción de los tiempos.

Es más, Isabel Fernández, vocal del Colexio de Traballo Social, asegura que la espera se ha elevado aún más este año debido a que la puesta en marcha del Bono Coidado por parte de la Xunta ha animado a muchos gallegos que aún no habían solicitado la dependencia a iniciar los trámites, aumentando así la carga de trabajo en los equipos de valoración. El Bono Coidado es una ayuda de 416 euros al mes para los dependientes que son cuidados en sus domicilios. La perciben todos los que reciben una libranza en el entorno familiar, pero ha incentivado a otros, que aún no habían solicitado la dependencia, a hacerlo.

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