La Galicia rural se desplaza una distancia cinco veces mayor para ir a un servicio público que la urbana

Una vecina de Xendive, uno de los 72 núcleos diseminados en el municipio de Lobios, en la despoblada frontera entre Ourense y Portugal, recorre hasta 25 kilómetros para ir a la farmacia de guardia cada vez que lo necesita un fin de semana. Para dar de alta o baja a algún trabajador de su negocio o ir al notario tiene que desplazarse hasta Celanova, a 40 kilómetros y si va a Facenda, no le queda otra que recorrer 65 kilómetros hasta la capital de provincia.

“Sé hacer gestiones online, pero a veces necesitas asesoramiento presencial y la gente mayor, aún más”, explica Luisa, que regenta una hípica. La administración local, sin embargo, le queda más cerca. Pero con una densidad de solo 10 habitantes por kilómetro cuadrado, acercar todos los servicios al ciudadano es tarea difícil para los alcaldes.

En Galicia la distancia que debe asumir un residente en el medio rural es de casi 15 kilómetros –como media– para recibir un servicio, mientras que no llega a 3 kilómetros si reside en un entorno urbano. Así lo apunta en un documento de análisis el codirector de Red Localis, de la Universidade de Vigo, Alberto Vaquero, que destaca en que en nuestra comunidad prácticamente ocho de cada diez municipios, hasta 240 concellos (77% del total) están englobados como zonas de poca población (ZPP). El informe también compara estas diferencias en todas las comunidades españolas. Con todo, la media estatal se sitúa aún por encima para los núcleos con poca población: en 22 kilómetros y menor para las zonas densamente pobladas, en dos.

Pero no solo se trata de distancia física, si no recaudatoria. En pleno debate por la falta de fondos para los concellos a la que apuntan los regidores, sobre todo de menos de 5.000 habitantes, este estudio desvela la diferencia evidente en el coste de impuestos directos como el IBI o el impuesto de vehículos de tracción mecánica (rodaje de coches, tractores o vehículos especiales). Así, “los municipios despoblados respecto a las zonas densamente pobladas muestran una notable menor recaudación por habitante en los impuestos directos, también indirectos y tasas y precios públicos, con diferencias de 144 euros 19,8 euros y 95,2 euros, respectivamente a favor de los municipios menos poblados”, indican.

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Replicando el ejercicio entre los municipios intermedios y los más pequeños, el diferencial sería de 22 euros a la baja; 5 euros menos y 33 euros menos también, respectivamente. Sin embargo, en estos se gasta más en personal, gasto corriente e inversiones reales a nivel municipal por cada habitante. Como capítulo de recomendaciones y a la vista del panorama que dibujan los datos, desde Red Localis apuestan “por introducir mayores dosis de racionalidad en las prestaciones de servicios públicos locales en los municipios rurales y en especial reflexionar si la Ley de Bases de Régimen Local introduce más competencias a los municipios rurales que los que puede soportar por sus propios medios”.

“Otra posibilidad sería –señalan– incrementar las bases imponibles de los tributos”. Y, como reflexión en positivo, “poner en valor el medio rural y dar oportunidades de trabajo a las personas jóvenes para que residan en estos municipios puede ser una vía interesante a explorar”.

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