Isabel Concheiro: “Recurrir la Ley de Amnistía no es una decisión política. Vulnera la Constitución y afecta a Galicia”

Uno de los compromisos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para esta legislatura fue la creación de una dirección xeral para encargarse de “coordinar la defensa” de la legislación gallega ante el Estado. La Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais empezó a andar el pasado mes de abril con Isabel Concheiro al frente. Y esta semana el Ejecutivo gallego anunció que recurrirá la polémica Ley de Amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez.

–En su toma de posesión el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo que no se iba a aburrir. ¿Se ha cumplido el pronóstico?

–Pues sí, la verdad es que de momento no me he aburrido mucho. Tengo mucho trabajo.

–¿La creación del nuevo departamento que dirige obedece a un aumento de la conflictividad institucional entre Xunta y Gobierno?

–No. Obedece realmente a una intención y una voluntad de reforzar un ámbito que se considera importante. Nos ocupamos, por una parte, de la representación y defensa en los procedimientos que se sustancian ante el Tribunal Constitucional y la resolución de controversias en el seno de las comisiones bilaterales y, por otro lado, están cuestiones de desarrollo legislativo: se hacen informes sobre anteproyectos de leyes para asegurarse de que se ajustan a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

–El año pasado se presentaron seis recursos de inconstitucionalidad, tanto por parte de la Xunta como formulados por el Gobierno ante leyes gallegas. Fue la cifra más alta de los últimos años. Esto revela que sí hay más confrontación entre ambas administraciones...

–Recursos de inconstitucionalidad los ha habido siempre. Desde luego nuestra voluntad es tratar de solucionar las cuestiones sin necesidad de acudir a los recursos. Siempre es mejor que no se lleguen a judicializar estos conflictos, pero no siempre es posible resolver las controversias. Y para resolverlas tienen que querer hacerlo las dos partes.

–¿Y considera que existe esta voluntad de diálogo?

–Por nuestra parte sí. Tenemos ánimo de colaboración, de lealtad y de cooperación.

–La Xunta acaba de interponer un recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Amnistía. ¿Puede parecer que se toma la decisión obedeciendo más a las directrices del PP nacional que a la existencia real de un perjuicio para los intereses de Galicia?

–Yo creo que afecta a Galicia. Es cierto que habitualmente los recursos de inconstitucionalidad se plantean porque afectan a competencias de la comunidad pero las comunidades están legitimadas para interponer esos recursos más allá de esa defensa de una competencia vulnerada. La Ley de Amnistía es contraria a una serie de principios constitucionales como pueden ser la igualdad ante la ley, la separación de poderes, exclusividad de jurisdicción... y esto es predicable a todo el territorio del Estado y, por tanto, son también importantes para Galicia. En este sentido el Tribunal Constitucional avala que las comunidades, no solo deben actuar en la defensa de sus competencias, sino también para depurar el ordenamiento jurídico y restablecer el orden constitucional. No es una decisión política.

–¿Y qué visos hay de que prospere este recurso?

–Es un recurso que está muy bien fundado y yo sinceramente creo que tenemos la razón. Pero ya se sabe que además de tener razón, te la tienen que dar.

–Sí les dieron la razón en la disputa sobre la Lei do Litoral, pero desde que el Constitucional avaló esta norma no se han producido avances...

–Estamos pendientes de que se realice el traspaso de funciones y servicios. Desde la Xunta se ha instado al Estado a convocar la comisión mixta de transferencias. Tenemos una carta del Ministerio manifestándonos la total colaboración y disponibilidad para llevar a cabo esa transferencia, pero lo cierto es que a pesar de nuestras peticiones no hemos recibido nada. Las palabras del Ministerio, en este caso, no son coherentes con la actitud que han tomado.

–¿Y se podría implementar la Lei do Litoral sin que el Gobierno traspase estos medios?

–La ley prevé que la parte de concesión de autorizaciones y concesiones de dominio público marítimo-terrestre está supeditada al efectivo traspaso de funciones y servicios. Mientras ese traspaso no se produzca seguirán en manos del Estado.

–¿Y qué pasa si el Gobierno aplaza “sine die” ese traspaso?

–Que el Gobierno siga desarrollando esas competencias, que son autonómicas, es anómalo y tiene que ser provisional, no se debe extender demasiado porque eso sería contrario a la lealtad institucional. Si persisten tendremos que estudiar qué medidas podemos tomar. Esperemos no tener que recurrir de nuevo a la justicia.

–Galicia llevaba 15 años sin nuevas competencias y ahora reclaman el traspaso de la AP-9 y la gestión del litoral. ¿Por qué la Xunta se ha vuelto más reivindicativa a nivel competencial?

–No creo que haya una mayor reivindicación. La realidad se impone y en función de eso se toman decisiones.

–¿Y se plantea la Xunta pedir nuevas competencias?

–De momento lo que tenemos sobre la mesa es que las que ya tenemos se puedan ejecutar.

–Otro punto de confrontación es el acuerdo de financiación en Cataluña. ¿Presentará también la Xunta recurso?

–Estamos aún en una fase muy inicial. Habrá que ver cómo se concreta y si efectivamente las medidas que quiere adoptar el Gobierno son contrarias a la Constitución se valorará el recurso.

–La Xunta también ha recurrido la Ley de Vivienda. Pero el Constitucional ya dio su aval a esta norma en respuesta a un recurso similar de Andalucía. ¿Creen que resolverá igual la demanda presentada desde Galicia?

–Yo creo que la sentencia que se dicte va a ser similar. Es cierto que la sentencia que se dicta a Andalucía declaraba la inconstitucionalidad de algunos preceptos que, en parte, coinciden con los que también se planteaban por parte de Galicia. Pero la cuestión es controvertida pues hay un voto particular de varios magistrados muy potentes que realmente dicen que la totalidad de la Ley de Vivienda invade competencia autonómicas.

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