Las familias que se declaran en quiebra rozan el medio millar en solo tres meses: cinco al día

Deudas que se acumulan después de contratar tarjetas de crédito revolving que aumentan el agujero económico familiar, venta de propiedades que no logran saldar esas cargas, un alquiler de vivienda con los precios aumentando a un ritmo vertiginoso especialmente en las grandes ciudades... Este tipo de espirales podía condicionar toda la vida de una persona que no logra sacarse de encima los préstamos acumulados, hasta que en 2015 una nueva ley abrió la oportunidad de que pudiesen declararse en quiebra y empezar de cero. Y nunca hasta ahora, se habían acogido tantas personas en Galicia a esta opción, pues durante el primer trimestre de este año lo hicieron 489 ciudadanos, a una media de cinco casos diarios.

Desde que esta normativa se puso en funcionamiento en el año 2016, son ya 3.780 los ciudadanos gallegos que han empleado la Ley de Segunda Oportunidad como un salvoconducto para comenzar de cero, un mecanismo legal que se habilitó durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) para evitar que la resaca de la crisis financiera del lustro anterior, generada por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, condenase a miles de familias a pagar deudas durante toda su vida.

La ley persigue un objetivo que “no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.

Sin embargo, presenta varias condiciones para permitir acogerse a ella. El ciudadanos debe encontrarse en situación de insolvencia sin mala fe, liquidar todo su patrimonio (como vender un piso, un garaje o un coche) para satisfacer la mayor parte de sus deudas, no haberse acogido previamente a esta vía y no haber rechazado una oferta de trabajo. Además, la deuda acumulada debe ser inferior a los cinco millones de euros.

La resaca de la crisis de precios, la precariedad laboral de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social, el encarecimiento de la vivienda y el mayor conocimiento de esta posibilidad legal contribuyen al incremento de casos. En 2016, apenas se produjeron 40, pero la tendencia va en claro aumento con 63 en 2017, 113 en 2018, 227 en 2019, 301 en 2020, 406 en 2021, 699 en 2022 y 1.442 el año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre concursos de personas naturales no empresarios.

Durante el primer trimestre del año, los 489 expedientes registrados en Galicia suponen un 88% más que en el mismo período del año pasado, por encima de la media de crecimiento estatal, situada en el 52% tras alcanzar los 10.992. Durante todo 2023, se produjeron 33.268. A Coruña lidera la clasificación en la comunidad con 220 casos, seguidos de 173 en Pontevedra y 48 tanto en Lugo como en Ourense.

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