La ley gallega sobre alcohol en menores contempla multas más elevadas que la estatal

Las infracciones leves en la comunidad pueden suponer ahora hasta 3.000 euros, cinco veces más 

Un trabajador limpia los restos de un botellón. |   // GUSTAVO SANTOS

Un trabajador limpia los restos de un botellón. | // GUSTAVO SANTOS

Carmen Villar

Carmen Villar

Después de años de tira y afloja, el Gobierno central vuelve a poner sobre la mesa una ley que busca atajar el problema de salud pública –el principal en el colectivo según los expertos– que supone el alcohol para los menores. El texto que ha sacado el Ministerio de Sanidad a información pública esta semana insiste en la prevención, pero, como su homólogo gallego, no descarta recurrir a las penalizaciones si las prohibiciones y restricciones que enumera caen en saco roto. Por ejemplo, negarse a un test de alcoholemia en los lugares donde queda prohibido beber –centros educativos no universitarios y de menores y centros deportivos, de ocio o de espectáculos con sesiones concebidas para esas edades– puede conllevar una multa de hasta 600 euros.

La negativa a practicar la prueba está tipificada dentro del anteproyecto de “Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad” como una infracción leve, al mismo nivel que el hecho de que un menor, que lo tiene prohibido, consuma alcohol. La Administración central fija para esos incumplimientos sanciones “con apercibimiento o con multa de 60 hasta 600 euros”. La ley gallega de 2010 de alcohol y menores, pionera y vigente en la actualidad, es mucho más severa con las infracciones leves: en el grado mínimo se proponen hasta 601 euros y, en el máximo, hasta 3.005 euros, cifra que quintuplica el tope marcado en la horquilla de la norma estatal. Con todo, eso no evitó que la última encuesta Estudes refleje un aumento de los estudiantes gallegos de 14 a 18 años que beben alcohol (son un 58,8% en el último mes) y que se embriagan (un 23,3%).

Respecto a las multas por transgresiones graves, arrancan en Galicia a partir de ese mínimo de 3.005 euros y en la propuesta que maneja el Gobierno central lo harían en 601. Eso sí: el tope en la comunidad gallega para esas conductas se sitúa ahora en 15.025 euros, la mitad de lo que plantea el Ejecutivo central en ese tramo, donde se incluyen conductas como la de facilitarle alcohol a un menor.

El listón superior se situará, si el texto se aprueba tal cual, en 30.000 euros, junto al cierre temporal de locales, pero la Xunta mantiene la sanción máxima para las graves en 15.025 euros en la nueva normativa integral de prevención de adicciones cuyo periplo interrumpieron las elecciones y que el Ejecutivo autonómico espera retomar este año.

Ausencia del "botellón" de la norma

No obstante, en esa futura norma gallega, se penaliza extra –hasta 1.800 euros– el consumo del menor en el botellón, que ni se cita en la norma estatal y que conllevará en Galicia multas a los concellos.

En sanciones, las normas coinciden en el máximo –600.000 euros en infracciones muy graves– y los parecidos no se acaban ahí. Los test de alcoholemia, pero en menores, ya se prevén en la ley gallega de 2010, que permite a los agentes realizar pruebas “para determinar” el grado de intoxicación etílica de los menores “que estén consumiendo en lugares públicos”. Por su parte, la ley estatal facultará a los cuerpos y fuerzas de seguridad a hacer test en donde dicha norma prohíbe beber a adolescentes y a adultos y en “los lugares y circunstancias” indicados por leyes autonómicas u ordenanzas municipales.

Expertos avisan que las pantallas han relegado la preocupación por el alcohol

La lista de perjuicios que el alcohol puede provocar en menores ocupa una parte sustancial de la exposición de motivos del anteproyecto de ley del Gobierno. Expertos en menores y adicciones como el profesor de la Universidade de Santiago Antonio Rial Boubeta consideran que la relación de adolescentes y alcohol es un “serio” problema de salud pública y por eso defienden la oportunidad de un texto legal como el que el Gobierno propone. “Hay motivos para la preocupación”, subraya.

A su juicio, es “muy necesario” abordar “el primer problema de salud pública juvenil” en España y en Europa. “No solo se vuelve a poner sobre la mesa la importancia del alcohol en términos de salud, sino su relación con accidentes o todo el tema de la sumisión química, las agresiones sexuales...”, valora.

Aplaude igualmente volver a llamar la atención sobre el alcohol cuando todos los esfuerzos parecen “colapsados” y “abrumados” por la relación de los jóvenes con las pantallas. “El alcohol”, denuncia, “ha pasado a un segundo plano para instituciones y familias”. “Ya no hay demanda de formación y de obradoiros sobre el alcohol”, censura, “aunque sigue siendo el principal problema” por varias razones que enumera: los niveles de consumo son “alarmantes” y en veinte años “no” se ha “progresado casi nada”; en España ya hay un 30% de niños de 12 y 13 años que han consumido alcohol y, debido a que se impone un modelo de atracón, “para casi uno de cada cuatro chavales tomarse cinco cubatas no es emborracharse”.

Llama asimismo la atención sobre el hecho de que una generación de adolescentes más vulnerables en salud mental se “refugia cada vez más” en sustancias, y ese recurso se ha vuelto “más aceptado y accesible” y “eso solo puede empeorar”. Por otro lado, avisa de que es preciso un “enfoque de género” en el consumo y tener en cuenta las nuevas formas de ingesta. “La ley debe ser integral y valiente. Me gusta el enfoque, la concepción de que cualquier consumo en un menor es de riesgo”, sostiene.

Con todo, hay una cara B. Advierte de que en la detección precoz de esos consumos, la normativa es “muy imprecisa e indefinida” y espera que no se limite a una “buena declaración de intenciones”. También echa de menos que la norma se moje con el botellón. “No aparece por ningún lado”, critica. Y eso, alega, cuando uno de cada cinco jóvenes hace botellón “todos los meses a la vista de todo el mundo” y “con una normalización y una banalización por las instituciones que es irresponsable”. Este especialista admite, con todo, que se “conformaría” con que “la mitad de lo que se pone en el papel se cumpliese”. No obstante, se declara “escéptico” porque hay normas “sobradamente avanzadas, como la gallega, que desgraciadamente siguen sin cumplirse”.

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