La Xunta pagará casi un 40% más por la póliza que cubre las negligencias sanitarias

Hace dos meses una aseguradora fue condenada a pagar 13 millones de euros a una familia por el retraso en una cesárea que provocó graves secuelas a un bebé nacido en un hospital privado de Santiago. Se trata de la mayor cuantía por una negligencia médica de la historia de España. También la sanidad pública afronta indemnizaciones cada vez más cuantiosas. Los padres de una niña de 12 años que murió de peritonitis en Valencia tras acudir tres veces a urgencias reclaman ahora 10 millones al servicio valenciano de salud. Y la Junta de Castilla-La Mancha tuvo que abonar hace cuatro años un total de 5,5 millones a unos padres porque su hija se quedó tetrapléjica tras sufrir secuelas en el parto. Estas situaciones son cada vez más comunes y están disparando el precio de las pólizas de responsabilidad civil y patrimonial.

La Xunta acaba de sacar a licitación un seguro para cubrir los daños a terceros. Aunque el ámbito del contrato es la totalidad de la administración autonómica, el mayor volumen de litigiosidad e indemnizaciones se corresponde con Sanidade debido a las negligencias sanitarias. Y el Sergas no es ajeno al encarecimiento que están teniendo este tipo de pólizas.

Así el coste del seguro se eleva a 10,9 millones de euros anuales, es casi un 40 por ciento más de lo que estaba pagando hasta ahora. Intenta evitar así que el contrato quede desierto como sucedió la última vez. En 2018 la Xunta no adjudicó su póliza hasta el tercer intento tras elevar su cuantía un 35 por ciento debido a que las aseguradoras se resistían a asumir riesgos.

Evolución

En 2014 la prima de la póliza del seguro de responsabilidad civil y patrimonial rondaba los 5 millones de euros anuales. En 2018 subió a 7,8 millones y ahora roza ya los 11 millones de euros. Es decir, en una década la Xunta se ha visto obligada a pagar casi un 120 por ciento más por el contrato que cubre las indemnizaciones sanitarias a terceros.

La razón es que en 2015 mudó la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y supuso un notable incremento en la cuantía que se paga por las indemnizaciones. Según el Ejecutivo gallego, de media el coste de estas compensaciones a terceros se elevó un 22,5 por ciento.

Según el baremo establecido en 2015, que se basa en el de accidentes de circulación, el valor de una reclamación por fallecimiento debido a negligencia médica era aproximadamente de 150.000 euros, mientras que en 2023 pueden alcanzar los 600.000 euros, una cuantía que puede elevarse aún más en función de las circunstancias.

La Xunta busca una póliza que fija en 12 millones de euros el límite anual de las indemnizaciones que deberá afrontar la aseguradora. Para hacer más atractivo el contrato a las compañías ya rebajó este umbral en anteriores licitaciones. El tope por siniestro en caso de responsabilidad civil profesional y patrimonial será de 1,8 millones de euros. Se abonará como máximo un millón de euros por víctima, más otros 150.000 por daños morales.

El objetivo del contrato es dar cobertura a todo el personal “que preste servicios en la Administración y en las entidades instrumentales que puedan causar con sus actuaciones o omisiones negligentes en el desempeño de su cargo y funciones daños y perjuicios económicos no solo a terceros sino también al patrimonio y derechos de la propia administración”. Abarcará un periodo de dos años incluido el segundo semestre de 2024, 2025 y la primera mitad de 2026. El coste total de la licitación asciende a 21,8 millones.

La Xunta recurre a contratar una aseguradora para evitar el “menoscabo patrimonial” que supondría afrontar estas indemnizaciones con dinero de las arcas públicas y reducir además “el coste incierto”. “Se transfiere así el riesgo a una aseguradora”, explica la Administración autonómica.

Coberturas

En el caso del Sergas se cubrirán los daños corporales causados, pero también los materiales (destrucción, deterioro o pérdida de cosas o animales), así como los trastornos morales ocasionados como dolor, angustia, aflicción física o espiritual y también los perjuicios económicos.

La póliza cubrirá no solo los riesgos derivados de la asistencia sanitaria, sino también de la atención domiciliaria e incluso de posibles daños a terceros derivados de la preparación y distribución de alimentos y comidas.

Quedan incluidas en el ámbito del seguro las reclamaciones formuladas contra personal del Sergas que preste servicios en centros concertados por la derivación de pacientes de la pública. En este caso, sin embargo, se reduce el límite por siniestro a 600.000 euros y se establece una franquicia de 12.000 euros.

La póliza no solo cubrirá las indemnizaciones sino también los gastos jurídicos como abogados o la constitución de fianzas.

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