La resaca de la inflación eleva casi un 30% las demandas exprés para cobrar deudas en Galicia

Los monitorios rozan los 13.000 en el primer trimestre y siguen la escalada tras el récord de 2023 | Los créditos rápidos, principal causa

Una mujer paga una compra con una tarjeta de crédito.

Una mujer paga una compra con una tarjeta de crédito. / FERRÁN NADEU

Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

La resaca de dos años de incremento desbocado de precios en un nivel sin precedentes desde la Transición forzó a miles de gallegos a recurrir a los créditos rápidos o tarjetas revolving –que se autofinancian y van acumulando intereses– para obtener liquidez a corto plazo y afrontar sus pagos más necesarios, sin tener en cuenta el riesgo al que se exponían: afrontar intereses abusivos que en gran parte de los casos derivan en impagos y en litigios exprés por parte de sus acreedores para forzarlos a pagar.

Durante el año pasado, estos casos superaron por primera vez la barrera de los 50.000 y en el primer trimestre del año, a pesar de la contención de la inflación y los buenos datos de empleo, la tendencia se mantiene con un aumento del 28% en Galicia, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales. Entre enero y marzo, se registraron en la comunidad 12.942 monitorios, frente a los 10.119 del mismo período del pasado ejercicio.

Los monitorios constituyen una vía legal previa a un procedimiento judicial estándar, pero también se plantean en sede judicial. El CGPJ los define como “procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento”. Es decir, es una forma de reclamar una deuda evitando los costes de una denuncia tradicional, pues permite ahorrar los gastos de procurador, por ejemplo, además de ganar tiempo.

Cuando un acreedor presenta un monitorio en sede judicial contra un deudor, obliga a este a oponerse a la reclamación de manera expresa si no quiere asumir la carga económica. De no presentarse para rechazarla, el juzgado entiende que la acepta y abre un período de 20 días para que pague. De no hacerlo, puede sufrir embargo de cuentas bancarias o bienes.

Las deudas vinculadas a créditos rápidos en manos de empresas especializadas son vendidas en grandes bloques a fondos buitre que se vuelcan en la presentación de monitorios para cobrar deudas. Las primeras se aseguran el cobro de gran parte del dinero prestado con intereses en muchos casos abusivos –una deuda de 4.000 euros acaba convirtiéndose en otra de 10.000 o 20.000– y los citados fondos, ganan un porcentaje.

Bufetes especializados en estos casos como Asesority Abogados de Vigo, vinculan las cifras récord de monitorios precisamente a esta cuestión. Los deudores tratan de pagar, por lo que no se oponen a los monitorios, asumiendo así una carga económica que podrían tumbar en un juzgado al denunciar intereses ilegales, como ha sucedido en numerosas sentencias.

Por ello, los especialistas recomiendan a los deudores involucrados en estos casos relacionados con créditos rápidos y tarjetas revolving que siempre rechacen el monitorio y busquen asesoramiento para fraccionar los pagos o, en caso de detectar indicios de intereses abusivos, denuncien a sus acreedores.

A nivel estatal, el primer trimestre del año experimentó un crecimiento de estos litigios exprés del 29,5%, con La Rioja en primer lugar con un 94% de incremento. En los juzgados de toda España se registraron en enero, febrero y marzo 296.834 monitorios.

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