Hacienda acelera la financiación autonómica pero ve en Galicia un obstáculo

Montero aduce las posturas dispares de tres autonomías del PP y que Núñez Feijóo rehúse hacer de árbitro en esos territorios

Montero, ayer, en el Congreso.  | // EDUARDO PARRA / EP

Montero, ayer, en el Congreso. | // EDUARDO PARRA / EP

R. S. C.

El Gobierno ve en Galicia un escollo para cerrar en dos meses un acuerdo para la reforma del sistema de financiación, que lleva diez años caducado. Según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el PP no ponga sobre la mesa una propuesta única es lo que demora un posible pacto y, si no existe esa propuesta unificada, añade, es porque el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, declina ejercer de árbitro entre tres comunidades donde los populares gobiernan, entre ellas Galicia, y que discrepan del modelo.

La también vicesecretaria general del PSOE anunció ayer que va a convocar el Consejo General de Política Fiscal y Financiera en julio, tal y como le reclamaban los Ejecutivos autonómicos, aduce, para aprobar los objetivos de estabilidad para los próximos presupuestos, pero también, apuntó, para “hablar de todo aquello que quieran las comunidades y el propio Gobierno”, y eso incluye la reforma de la financiación, que ve posible, incide, si el líder del PP hiciese de árbitro entre sus barones para plantear en este lapso una propuesta única. Porque que “el problema”, advierte, es que los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, de Andalucía, Juanma Moreno, y de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “discrepan” sobre el modelo”. No obstante, Montero opina que “para eso hace falta liderazgo suficiente” y “no parece” que Feijóo “tenga muchas ganas de intentarlo”.

Así lo señaló en respuesta a preguntas de los medios sobre si ve posible renovar el sistema de financiación autonómico en dos meses, que es el plazo fjado para una investidura en Cataluña. De hecho, el debate sobre la reforma del modelo se ha reavivado porque la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, está pendiente del apoyo de ERC, que exige soberanía fiscal para recaudar el total de impuestos en Cataluña.

Respecto a Illa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizaba ayer a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que cumplirá el pacto que cerró con ERC para su investidura reformando el sistema de financiación y reconociendo “una singularidad al pueblo de Cataluña”, un compromiso que desvinculó de la eventual investidura de Illa al frente de la Generalitat.

Montero y Sánchez no fueron los únicos integrantes del Gobierno en referirse a la reforma. También la ministra de Ciencia, Diana Morant, lamentaba ayer que el PP carezca de un modelo “claro” para poder debatir con el Gobierno sobre financiación y que se limite a salir “con la bandera del agravio territorial”, mientras el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, veía preciso añadir “elementos singulares” de distintas comunidades en la revisión del sistema.

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, volvía ayer a oponerse a cualquier modelo que “quiebre la igualdad” entre las autonomías e identificó la postura de Sánchez sobre la financiación autonómica con “un paso más” en la “huida hacia adelante” y hacia ninguna parte de un mandatario que “quiere mantenerse en La Moncloa y lo demás le da igual”. La propuesta que hizo de “financiación singular” para Cataluña y de que se incidiese por parte del Gobierno en que se generalizaría, indicó, provocó un “desmentido” de “los supuestos beneficiarios que le dicen que no se olvide de que el tratamiento singular para alguien es solo para ese alguien”.

Mientras, el BNG defendió ayer que Galicia “no puede ser menos” que Cataluña y País Vasco en el nuevo modelo de financiación y que “no va a permitir ningún sistema que discrimine a Galicia”. Así lo argumentó su portavoz nacional, Ana Pontón, quien recordó que el actual sistema hace “perder” a Galicia “mil millones cada año”. El Bloque insta al Gobierno gallego a convocar la comisión bilateral con el Estado para abordar una negociación que tenga en cuenta las “características propias” de la comunidad.