La Xunta obligará a todos los centros de mayores a contar con enfermeras

Solo se exigía este requisito hasta ahora a las residencias de más de 40 plazas

Un centro de mayores en Pontevedra.

Un centro de mayores en Pontevedra. / Gustavo Santos

Paula Pérez

Paula Pérez

La Xunta obligará a todos los centros de mayores tanto públicos como privados a contar con la presencia física de personal de enfermería. Hasta ahora solo se exigía la contratación de estos profesionales en las residencias de mayor tamaño –de más de 40 plazas–, mientras que en las pequeñas simplemente tenía que haber una enfermera o un ATS localizado por si hiciese falta. Sin embargo, la Consellería de Política Social quiere reforzar la atención sanitaria que se presta a los mayores en las residencias y para ello, no solo extiende la obligación de disponer de este tipo de profesionales a todos los centros sino que incluso fija las ratios de personal que deben cumplir.

En el caso de centros que atienden a mayores autónomos o con un grado leve de dependencia (grado I) la ratio será de 0,02 enfermeras por usuario. Es decir, un profesional de enfermería por cada 50 plazas. Si se trata de dependientes de grado II o III el cupo se eleva a 0,03 –lo cual implica disponer de uno de estos trabajadores por cada 33 mayores–.

Así consta en el proyecto de orden de la Consellería de Política Social que revisa la regulación de las condiciones y requisitos que deben cumplir los centros de atención a personas mayores. La anterior normativa data de hace más de dos décadas. Sin embargo, la población gallega está cada vez más envejecida y es más dependiente, lo que obliga a dotar a las residencias de estos profesionales sanitarios.

La pandemia de COVID en 2020, que castigó con fuerza a los centros de mayores, obligó a las administraciones a replantearse el modelo de residencias.

Nuevo modelo de residencias

Así, la Xunta estableció que los futuros centros de mayores no podrán superar las 150 plazas y tendrán que dividirse en módulos o unidades de convivencia de hasta 25 personas. También se empezó a apostar por la introducción de las nuevas tecnologías en estas residencias con “habitaciones inteligentes” dotadas de sensores, por ejemplo, que detecten caídas o alerten si el mayor sale de las instalaciones.

En el ámbito sanitario la Xunta decidió crear una vía rápida que agilice el acceso de los usuarios de estos centros a las urgencias sanitarias y la puesta en marcha de un código específico en la centralita del 061 que dará prioridad a los usuarios de los geriátricos. Se acordó también con la Consellería de Sanidade una mejor coordinación. Así, los hospitales se encargarán de servir la medicación a aquellas residencias de más de 90 usuarios.

Sin embargo, no hubo cambios respecto a las exigencias a los centros para que contasen con personal médico y enfermero, una demanda que fue reiterada tras la pandemia tanto por los sindicatos como por las familias de los usuarios.

La norma de hace diez años no obliga a los centros a disponer de médico en sus instalaciones. Solo exige que haya un facultativo localizado a disposición de la residencia en caso necesario.

La orden que ultima la Consellería de Política Social mantiene la exigencia de que exista un médico localizado, pero no tiene por qué trabajar en el centro. Pero sí obliga por primera vez a que se incorpore a la plantilla a personal de enfermería e incluso fija las ratios.

Según explica Transi Fernández, de la CIG, la ausencia de enfermeras en las residencias deriva en que en algunos casos “se le estaba dando mal la medicación a los mayores”. Además denuncia la dificultad de los geriátricos privados para retener a profesionales de enfermería debido a los bajos salarios.

De hecho, en la sanidad pública faltan enfermeras, de manera que esta nueva exigencia a las residencias se encontrará con la dificultad de encontrar profesionales disponibles para cumplir la norma.

En cuanto al dato global de trabajadores de los geriátricos la ratio de personal de la Xunta se mantiene como estaba: 0,20 empleados por cada usuario en los módulos destinados a personas con autonomía y 0,35 para dependientes.

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