Puente cierra la puerta al rescate y cesión de la AP-9: “Vale 6.000 millones que no tenemos”

El ministro sostiene que recuperar la vía para el erario público valdría 4.000 millones y la transferencia, de 1.260 a 2.600

El PSOE prometió su gratuidad y apoyó cederla a Galicia

Óscar Puente, esta mañana en Lugo

Óscar Puente, esta mañana en Lugo / Carlos Castro (Europa Press)

Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

El Gobierno rechaza rescatar para el erario público la Autopista del Atlántico (AP-9) y transferir su titularidad a la Xunta, a pesar de la unanimidad en esta última reclamación de los partidos políticos gallegos y de la promesa del PSOE en la campaña autonómica de febrero de garantizar la gratuidad de la vía si lograba la Presidencia del Ejecutivo gallego.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el encargado de enterrar las aspiraciones de que el poder autonómico controle la principal vía de comunicación del territorio, añadiendo un plus al coste de su rescate. “Transferir las competencias tiene un coste de entre 1.260 y 2.600 millones de euros, y rescatar la concesión, 4.000 millones. Si alguien pone el dinero…. Desde luego, el Ministerio de Transportes no tiene más de 6.000 millones para afrontar el rescate. Si alguien pone el dinero y nos dice de dónde sale, nosotros encantados de rescatarla y de transferirla. Esos son los costes. Creo que es importante, porque para pedir nos apuntamos todos, ser conscientes de cuáles son las consecuencias de la petición”, espetó este viernes en respuesta a preguntas de los periodistas tras visitar Lugo, donde revisó las obras de la estación intermodal de la ciudad. El Gobierno sí asumió el rescate de las radiales quebradas en la Comunidad de Madrid.

Sus palabras contradicen la postura de su partido en Galicia y elevan la cantidad que costaría la operación, que hace días situó en 4.000 millones, un dato puesto sobre la mesa por el Gobierno de Mariano Rajoy, que, a través del PP, bloqueó hasta dos veces la votación de la iniciativa legal para impulsar la transferencia de la AP-9 a la Xunta, lo que le permitiría controlar a la concesionaria e imponerle sanciones en caso de incumplimientos.

El portazo de Puente a esta demanda se produjo después de que el martes pasado PP, BNG y PSdeG defendiesen en el Congreso una transferencia que toda la Cámara, excepto Vox, apoyó, incluidos los socialistas. Esa proposición legal incluye la asunción por parte del Gobierno central de los costes de la transferencia competencial.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, estaba presente hoy en la visita de Puente, cuyas declaraciones cierran la puerta no solo a la demanda de la cesión, sino también a la promesa de gratuidad planteada por el primero, si bien los conductores habituales de la vía pueden alcanzar descuentos de hasta el 75%.

La transferencia de la AP-9, comprometida la pasada legislatura en el acuerdo de investidura entre PSOE y BNG, fue aceptada dos veces antes de la de esta semana, pero su tramitación decayó debido a las convocatorias de elecciones generales. El rechazo de Puente abre ahora un frente político en la comunidad, con PP y BNG censurando a un PSOE que también se abstuvo el jueves suprimir los peajes de la AP-9 y cancelar la prórroga de la concesión aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 2000 para extender la gestión privada hasta 2048, lo que sumaría 75 años, el máximo legal. La UE, sin embargo, cuestiona la legalidad de esta operación por no haber sido sometida a concurso público y permitir a otras empresas optar al contrato.

Xunta, PP y BNG criticaron a Puente. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apuntó a Besteiro. “Me gustaría que el ministro hablase con el secretario xeral del PSdeG, que se comprometió hace poco más de tres meses a que la AP-9 iba a ser gratuita en Galicia si él ganaba”, afeó. “A lo que no se puede renunciar es a la titularidad para la comunidad, con los medios necesarios para poder ejercerla. Es algo que tenemos comprometido desde hace muchas legislaturas”, apuntó, si bien el PP bloqueó esa demanda hasta en dos ocasiones en el último mandato de Rajoy.

"Me gustaría que el ministro hablase con el secretario xeral del PSdeG, que se comprometió hace poco más de tres meses a que la AP-9 iba a ser gratuita en Galicia si él ganaba"

Diego Calvo

— Conselleiro de Presidencia de la Xunta

El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, exigió a Puente un “mínimo de rigor” por elevar la cifra respecto a los 4.000 millones iniciales y negó que exista “nada que reprochar” a la prórroga de Aznar, cuestionada por la UE.

El BNG, a través de su líder, Ana Pontón, también lamentó el aumento de coste del rescate “por arte de magia”, lo que provoca que Puente “pierda toda credibilidad”. También reclamó un trámite de urgencia en el Congreso para que el traspaso “no quede en papel mojado”.

Incluso la Confederación Empresarial de Pontevedra instó al Congreso a acabar con los peajes en la AP-9, que suponen un “perjuicio grave” para la competitividad de las empresas de la comunidad.

Por su parte, el PSdeG, a través de la diputada en el Congreso Patricia Otero, atacó a PP y BNG y centró sus demandas en la gratuidad. “Vemos bien la transferencia de la AP-9, pero vemos aún mejor que se sigan rebajando los peajes y que podamos llegar a circular por esta infraestructura a cero euros. Es la línea de trabajo del Gobierno”, añadió. Esos rebajes son sufragados por los presupuestos estatales.

Facenda ve “pintorescas” las palabras de Montero sobre un trato financero especial a Cataluña

La Xunta restó hoy importancia a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que aspira a que ofrezca un “tratamiento especial” a las singularidades de territorios como Cataluña. “Son unas declaraciones no sé muy bien en qué contexto y no les doy importancia”, expuso el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tras tacharlas de “pintorescas” y reivindicar una negociación “multilateral” de todas las autonomías.

“No queremos ser más que nadie, pero no aceptaremos ser menos que nadie”, añadió sobre un nuevo modelo que sustituya al actual, caducado en 2014. Galicia pide un análisis del coste de los servicios en cada comunidad y que tenga en cuenta factores que los encarecen, como el envejecimiento y la dispersión poblacional.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, trató de quitar hierro a un asunto que ha permitido a varias comunidades gobernadas por el PP así como a Castilla-La Mancha, que dirige el socialista Emiliano García-Page, alzar la voz de guerra. “Estamos dispuestos a revisar la financiación, pero para todas las comunidades, no para una”, sostuvo el ministro.