La justicia europea deja en manos de los tribunales españoles hacer fijos a miles de interinos en fraude

Una sentencia carga contra el “Icetazo”: cree que el sistema de indemnizaciones para eventuales cesados y los procesos de estabilización incumplen la norma comunitaria

Trabajadores municipales, en una protesta reclamando la fijeza. |  // L. O.

Trabajadores municipales, en una protesta reclamando la fijeza. | // L. O.

G. Ubieto

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) propina un nuevo varapalo a la legislación española, al considerar que la Ley 20/21 que el Gobierno planteó como solución al abuso de temporalidad, conocida como “Icetazo”, por el nombre del ministro que la promulgó, es contraria al derecho comunitario. También cuestiona el vigente sistema de indemnizaciones para los trabajadores interinos cesados. Reafirma que los interinos que hayan estado años en situación eventual y en ‘fraude’ pasen directamente a fijos, pero deja la resolución en manos de tribunales españoles.

El fallo sostiene que el resarcimiento pautado para los que se quedan sin plaza no es suficiente, dando pie a que los afectados reclamen judicialmente mayores cuantías y abriendo un posible goteo de litigios en los tribunales. Letrados especialistas en la materia estiman que este fallo puede afectar a miles de trabajadores de administraciones públicas en Galicia.

A continuación se desgranan los principales puntos de la sentencia, interpretados por el director del despacho vigués Zeres Abogados, Fabián Valero, especializado en empleo público, y la abogada gallega también experta en la materia, Rita Giráldez.

Antecedentes

El fallo del Tribunal europeo está motivado por la demanda de una funcionaria interina de la Generalitat de Cataluña y reitera el camino ya trazado el pasado febrero por el mismo tribunal y que avalaba al personal laboral en fraude a reclamar su condición de indefinidos. La principal novedad es que ahora extiende esas conclusiones a los funcionarios.

¿Quién podría demandar?

El TJUE se ha pronunciado sobre una cuestión que puede afectar a miles de personas en Galicia. Durante los últimos dos años las diferentes administraciones –estatal, autonómicas o municipales–, han ido desarrollando macro procesos extraordinarios para estabilizar a centenares de miles de interinos. Pero una parte minoritaria del personal eventual se ha quedado fuera de dichos procesos y esta sentencia les puede servir como argumento para ir a los tribunales ahora y reclamar su fijeza.

Incógnitas

El criterio europeo ha quedado doblemente manifestado, si bien su aplicación en España o Galicia todavía no está clara. Sobre todo por la apreciación final de “siempre que esa conversión [de indefinidos a fijos] no implique una interpretación ‘contra legem’ del Derecho nacional”. El Tribunal Supremo ya en febrero no compartió íntegramente el criterio que le marcaron desde Europa y su reacción fue rechazar que la “única solución” para los interinos sea hacerlos fijos con condición de funcionarios. El fallo europeo obliga al Gobierno a mover ficha, pero no está claro si en la dirección de la fijeza o hacia otras fórmulas.

El germen, en el “Icetazo”

Los magistrados del TJUE han censurado, por insuficiente, la norma impulsada por el Ejecutivo central durante la pasada legislatura para estabilizar el volumen de interinaje que se arrastraba desde hace décadas. Fue pactada con ERC y el PNV a nivel político y con CCOO y UGT a nivel social. Se pretendía dar respuesta a aquellas personas que llevaban años como eventuales en la administración, ocupando la misma plaza y sin posibilidad de estabilizarla.

Indemnización

El fallo del TJUE también carga con especial contundencia contra el sistema de indemnizaciones fijado por la ley española. Esta da derecho a una compensación equivalente a 20 días por año trabajado por un máximo de 12 mensualidades a aquellos eventuales que sean cesados una vez su plaza se asigne a alguien que ha ganado una oposición. “No permite ni la reparación proporcionada y efectiva en las situaciones de abuso que superen una determinada duración en años, ni la reparación adecuada e íntegra de los daños derivados de tales abusos”, sentencian los magistrados. “No se ajusta a la norma comunitaria”, añade Valero. “Ni reparan íntegramente e daño por el abuso ni son disuasorias, completa Rita Giráldez.

¿Y en Galicia?

Sobre esta cuestión ya está habiendo debate en los tribunales de primera instancia españoles: algunos fallan favorablemente y aplican un criterio propio y sin unificar y otros están denegando ampliar las compensaciones. Los letrados gallegos aseguran que la Xunta no está pagando estas indemnizaciones en Galicia al cesar a un interino, requiriendo que sean los afectados los que las reclamen judicialmente.