Rueda defiende adjudicar los pisos públicos solo en alquiler porque es “más ágil”
El BNG critica la regulación de zona tensionada: “A la postre se busca no hacer nada”
REDACCIÓN
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió que se limite la adjudicación de vivienda pública en régimen de alquiler por ser una opción “más ágil”. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) publicó una instrucción en la que da orden de eliminar la posibilidad de compra de estos inmuebles de promoción.
La Consellería de Medio Ambiente argumentó que los fondos europeos dirigidos a vivienda condicionan las ayudas a que estos pisos se destinen a arrendamiento y que además la opción del alquiler permite una mayor “rotación” de adjudicatarios.
El presidente de la Xunta, que participó ayer en la entrega de 40 viviendas en la promoción pública de Xuxán,en A Coruña, matizó, sin embargo, al IGVS y añadió que “no se desecha la posibilidad de venta” de cara a nuevas iniciativas.
“La vivienda es un derecho y una obligación de las administraciones facilitarlo”, sentenció Rueda, quien justificó limitar la adjudicación al alquiler porque “mayoría de la gente” que opta a las de promoción pública ya prefiere el arrendamiento.
Topar los arrendamientos
En cuanto a la decisión de la Xunta de regular las zonas tensionadas para poner tope al alquiler, el portavoz parlamentario adjunto del BNG, Luís Bará, denunció que la enmienda presentada por el PP para incorporar esta medida por ley busca “un boicot” que impida su implantación.
Bará recordó que la legislación estatal recoge que para poder se declarada una zona tensionada, el precio de la vivienda debe superar en un 3 por ciento el IPC acumulado en los últimos 15 años (del 14,5) y suponer el 30 por ciento de la renta media. A este respecto, explicó que esta situación se daría en unos 120 municipios, según un informe IGVS.
En este escenario, manifestó que la enmienda del PPdeG es “torticera” y busca, a la postre, que “no se haga nada”. Entre las cuestiones que censuró, se encuentran la constitución de una mesa sectorial con la “patronal” de las propiedades, pero no los colectivos de consumidores.
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