La Xunta destinará 100 millones de euros al año para blindar el mantenimiento de 5.000 plazas de atención a la discapacidad. Para garantizar la prestación del servicio el Gobierno gallego incrementa las cuantías que paga a las entidades con las que ha concertado las plazas. Así se subirá un 25 por ciento el precio de los contratos y la Administración autonómica asumirá también las subidas salariales de los profesionales que trabajan en estos centros.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, firmó ayer el concierto social con las entidades del sector. “Era una reivindicación justa”, admitió el mandatario gallego que estuvo acompañado por la conselleira de Política Social, Fabiola García.

El concierto social facilitará que las personas con discapacidad no tengan que desplazarse largas distancias para acceder a una plaza pública de residencia o atención. Además, a través de esta modalidad para la contratación de servicios especializados, la Xunta subirá un 25% la inversión con respeto a los contratos actuales; aumentará el importe del precio/plaza de los servicios y garantizará y consolidará la continuidad de estos recursos públicos especializados.

La Administración autonómica también asumirá las subidas salariales de los profesionales que atienden estos servicios y dará mayor estabilidad jurídica y económica a las entidades que prestan esta atención.

Alfonso Rueda aseguró que para la Xunta sería “imposible llegar” a cubrir el ámbito de asistencia a la discapacidad “si no fuese por el tejido asociativo”, que es “el que mejor conoce las necesidades de las personas con discapacidad” y donde están los mayores expertos. El concierto, según apuntó, permite “darles tranquilidad” en su funcionamiento y en servicios que prestan.

Éste es, según dijo el presidente gallego, un “esfuerzo económico importante” y el inicio de un camino con el que Galicia busca “seguir creando más plazas” y destinando “más recursos” para “llevar servicios a las personas con discapacidad de Galicia”.

Esta firma “pone fin” a una situación que producía “una profunda inquietud e incertidumbre financiera” entre las asociaciones, tal y como explicó en el acto Luciano Fernández Pintor, presidente de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), que tomó la palabra en nombre de las entidades.

Fernández Pintor reconoció el “esfuerzo presupuestario” que supone la puesta en marcha de este concierto social y aseguró que “va a permitir” que las entidades “puedan hacer frente a sus costes de gestión de una manera más adecuada, sin que las familias tengan que poner recursos adicionales para una atención de calidad” y reduciendo la incertidumbre.

“Esperamos y deseamos que sea una herramienta útil para las personas y para las familias”, explicó este portavoz.