Una disconformidad con la puntuación recibida en la oferta técnica, la creencia de que se han vulnerado tiempos establecidos legalmente o la oposición a los criterios fijados para optar a un contrato público... Son algunos de los motivos que el año pasado motivaron recursos de las empresas ante concursos de las administraciones que operan en Galicia y que afectaron a procesos que sumaban más de 1.572 millones de euros, con la sanidad autonómica como principal motivo de queja, pues acaparó uno de cada diez expedientes de los 241 registrados.
En 2018 la Xunta puso en marcha el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal), el equivalente a otro tribunal específico para los contribuyentes cuando un ciudadano está disconforme con lo que debe pagar al erario público. En el caso del Tacgal, se trata del órgano que dirime conflictos sobre concursos por parte de las administraciones autonómica, municipal y provincial, así como universidades y otros ámbitos que no afecten a la administración central.
Antes, los conflictos de este tipo se dirimían en un tribunal central adscrito al Ministerio de Hacienda, en el que recalaban los de toda España, y al que ahora se siguen enviando las impugnaciones cuando el actor promotor es el Estado. Pero el número que antes se remitía era muy reducido y las resoluciones tardaban meses en producirse, por lo que no era operativo.
Los recursos versan sobre los pliegos de condiciones de las licitaciones o las adjudicaciones de contratos públicos de obra, suministro o servicio. El año pasado, las empresa gallegas sumaron 241 impugnaciones, mostrando una “ligera reducción” respecto a 2021, “si bien se mantienen en cifras considerables que muestran la utilidad de esta vía impugnatoria”, indica Tomás Otero, presidente del Tacgal, en la memoria del organismo.
Los 241 recursos muestran una tendencia descendente desde los 342 de 2019 y los 300 de 2021, considerando la excepcionalidad de un 2020 marcado por la pandemia de COVID-19.
Precisamente, el parón administrativo y la inyección de recursos en 2021 para reactivar la economía disparó el volumen de dinero que sumaban los contratos recurridos en 2021 a los 2.600 millones, un 42% más que los 1.572 del ejercicio pasado. Esa “resaca” de contratos se frenó el año pasado.
El Tacgal suele fallar a favor de la administración y tan solo estima un tercio de las revisiones reclamadas por las empresas, resueltas en una media de quince días hábiles. De los 248 recursos del año pasado, el 50% fueron desestimados, un 18% eran inadmisibles y solo se estimó un 30% (18% totalmente y 12% parcialmente).
Aun así, el Tacgal aclara que la “tasa de éxito” de las impugnaciones fue del 37,5%, pues excluye las inadmisiones. Además, reprocha a las administraciones afectadas el incumplimiento de la ley de contratación, que exige al órgano adjudicador “dar conocimiento al tribunal de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a las resoluciones estimatorias, obligación que se hace constar expresamente en las resoluciones”, indica el Tacgal. “Únicamente en el 58% de las resoluciones estimatorias, totales o parciales, el Tacgal recibió tal comunicación ulterior, lo que supone un cierto incremento respecto de años anteriores”, lamenta.
Concellos y diputaciones copan la mitad (51%) de los recursos presentados por las empresas, al sumar 127 durante el pasado ejercicio, frente a los 117 del sector autonómico (47%). En este último caso, destaca el Servizo Galego de Saúde (Sergas), que copa el 10% de todos los expedientes y el 30% de los relacionados con la Xunta.
Es lógico teniendo en cuenta el volumen de contratación que genera la sanidad. La Xunta adjudicó contratos el año pasado por valor de 2.233 millones, de los que casi 1.192 correspondieron al Sergas distribuidos en 154.246 pliegos. El 60% de ellos son contratos menores debido a la compra de medicamentos y material sanitario, según el Ejecutivo gallego.
Litigiosidad
La radiografía de las quejas empresariales sobre licitaciones y adjudicaciones públicas muestra la “nula presentación de recursos contra contratos de obras” debido a los límites fijados en la legislación, que establece como recurribles las “concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros”.
El 75% de las actas de impugnación recibidas por el Tacgal se refieren a contratos de servicios, porcentaje seguido del 22% de los suministros, que en muchos casos se adjudican mediante contratos menores para ganar agilidad.
Si el reclamante no queda satisfecho con la decisión del Tacgal, siempre le queda la justicia ordinaria, aunque los datos del tribunal muestran que la litigiosidad posterior es baja. Llegan a la vía contencioso-administrativa el 8%.
