Tras años de reivindicación, la Xunta ha aceptado una petición que los concellos llevan reclamando desde al menos 2018: definir por ley qué es una vivienda vacía para que así los ayuntamientos, si lo desean, las puedan penalizar con un IBI más caro con el propósito último de sacarlas al mercado. Así se comprometió ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras recibir a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en la primera reunión de una ronda de encuentros con los regidores de las ciudades gallegas.

Los concellos son partidarios de que se les permita aplicar un recargo en el IBI a los pisos que están vacíos. Ya es una posibilidad está recogida en la Ley de Haciendas Locales, sin embargo, para hacerla efectiva es preciso redactar una norma que defina en qué condiciones un inmueble puede considerarse desocupado y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reclamó en su momento a la Xunta que legisle al respecto para dar “seguridad jurídica” a los ayuntamientos para aplicar este recargo.

Ahora el Ejecutivo autonómico parece dispuesto, pero con condiciones, como que los concellos argumenten con informes técnicos que es necesaria la intervención de la Xunta, habiendo ya como hay una legislación estatal. Si convencen al Ejecutivo gallego, Rueda anunció su disposición a llevar la definición de vivienda vacía en la ley de acompañamiento de los próximos presupuestos autonómicos, que el día 20 deberán presentarse al Parlamento.

El presidente y la alcaldesa avanzaron además en el establecimiento de una tasa turística “exclusiva” para la capital gallega sin que repercuta en el resto de municipios de la comunidad.

Así lo explicaron ambos tras la reunión que se ha extendido durante poco más de dos horas y en la que acordaron que esta iniciativa se abordará desde el plan de sostenibilidad turística en el que participan las dos administraciones y también el Gobierno.

Todavía no existen plazos para implementar esta tasa aunque la intención es buscar una “habilitación legal” que permita exclusivamente a Santiago instaurar este impuesto de forma que la Xunta habilite que sea la entidad municipal la que se haga cargo de las tareas de recaudación.

De esta forma, el Gobierno gallego entiende que como el planteamiento se deriva únicamente de las características de la afluencia turística que afecta a la capital gallega, la tasa debería “quedar circunscrita al Ayuntamiento de Santiago”.