Tras cumplirse 25 años de la muerte de Ramón Sampedro este 2023, un hombre tetrapléjico que se convirtió en símbolo del derecho a decidir sobre la propia vida, la Asociación Dereito a Morrer Dignamente pretende llevar ante el Parlamento gallego una propuesta para que sea, precisamente la fecha de su fallecimiento, el 12 de enero, la efeméride elegida para el Día da Morte Digna en Galicia.

Entre algunas de las entidades que apoyan o suscriben la petición se encuentra la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Mulheres nacionalistas galegas, Rede de mulleres veciñais contra os malos tratos de Vigo, Asociación galega para a defensa da sanidade pública, Médicos do Mundo-Galicia, Asociación galega de medicina familiar e comunitaria, Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Movemento Galego da Saúde Mental, UXT, CiG, CC OO y el Sindicato de traballadoras e traballadores de Ensino de Galicia, entre otros.

Tradicionalmente, en la jornada en la que se conmemora la muerte de Ramón Sampedro (1943-1998), se programan concentraciones con el objetivo de “avanzar hacia el reconocimiento institucional” de esta fecha. Tras varios años en los que se celebró en la playa coruñesa de As Furnas, en Porto do Son –donde Sampedro se quedó tetrapléjico–, la junta directiva quiso llevar sus reivindicaciones a la capital de Galicia. De ahí, tratarán ahora, tal y como explica el presidente de la Asociación, Miguel Anxo García, de trasladarlas ante el Parlamento y tras tener contactos satisfactorios –asegura– con los grupos del PSdeG y BNG y pendientes de la respuesta del PP. “Es necesario promover el respeto, la atención y el cuidado de las personas en su proceso de muerte, para que el final de la vida sea más acorde con su normalidad e inevitabilidad, y menos cargado de miedo, oscurantismo y sufrimiento, así como progresar en la dignificación de la muerte en nuestra sociedad”, detalló.

Pero las reivindicaciones no se quedan ahí. Miguel Anxo García Álvarez reclama una “mayor transparencia” a la Xunta en la información institucional sobre la eutanasia, puesto que, según sus averiguaciones, la administración gallega lleva dos años sin presentar un informe anual ante el Ministerio de Sanidad, al que están obligados por ley. “Hace ya casi dos años que está vigente la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, progreso indiscutible en los derechos fundamentales de las personas”, defiende al tiempo que critica dos años de retraso en la elaboración del citado anuario.