La Xunta obligará a reforzar los órganos de gestión de los consellos reguladores
Tendrán que contar con un gerente y un cuadro mínimo de personal y de recursos económicos, además de elaborar planes de acción plurianuales con los objetivos buscados

Vendimia en Cambados esta pasada camapaña. | // IÑAKI ABELLA / X. A. Taboada
El Parlamento gallego ya ha recibido, para que pueda iniciar su tramitación, el proyecto de ley de calidad alimentaria elaborado por la Consellería de Medio Rural. Se trata de una ley extensa que se marca como objetivos, entre otros, fomentar y garantizar la producción de alimentos de calidad, reglamentar los deberes de los operadores y la actuación de la inspección para mejorar la eficacia del sistema de control oficial, perseguir las prácticas fraudulentas y también actualizar el funcionamiento de los consellos reguladores de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas.
Precisamente, sobre este último aspecto, la futura ley eleva sus exigencias para poder operar, de forma que se les obligará a reforzar sus órganos de gestión y a contar con una estructura organizativa mínima que les permita realizar de forma eficiente su encomienda.
37 órganos
Actualmente en la comunidad hay registrados 37 consellos reguladores (vino, ternera, pimiento, miel, patata, pan, mejillón, fabas, queso, lacón, grelos, tartas...), pero muy pocos cumplen con los requisitos que se exigirán cuando se apruebe la norma, que entrará en vigor el próximo año, salvo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decida adelantar la convocatoria electoral y poner fin anticipado a la legislatura.
Lo que quiere Medio Rural es que los respectivos consellos reguladores –con diferencias muy sustanciales entre ellos en su profesionalización– se doten con un nivel mínimo de recursos personales, técnicos y económicos, como contar con una gerencia “con solvencia profesional acreditada” para el desarrollo de las funciones de gestión –la promoción, fundamentalmente–, además de disponer también de un secretario. Como ejemplo, solo dos denominaciones de origen del vino, que figuran entre las más profesionalizadas de Galicia, tienen un gerente en su cuadro de personal, si bien otras dos están negociando su contratación.
Planes de promoción más ambiciosos
Entre otras exigencias de la nueva ley figura la elaboración un plan plurianual de promoción del producto, detallando los objetivos a conseguir y un panel de comprobación, además de tener que ajustarse, en caso de que exista, a la estrategia autonómica sobre ese sector para que no haya discrepancias entre la senda del consello regular y la hoja de ruta diseñada por el Gobierno gallego.
Además, solo los consellos reguladores con una estructura organizativa mínima podrán llevar la gestión del producto que defiendan. Los que no son capaces, como ya sucede ahora, la gestión recae en la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, pero la novedad es que en estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, los órganos de promoción y control se tendrán que disolver y convertirse en asociaciones sectoriales de las personas productoras para la defensa de ese indicativo de calidad.
La ley, en su afán por fomentar un sector alimentario de calidad, hace hincapié en poder acreditar los elementos diferenciadores. Una fórmula para ello es articulando un sistema fiable de la trazabilidad de los alimentos. Las personas operadoras deberán asegurar en todas las fases de la cadena la trazabilidad de todas las materias y elementos utilizados en la producción y la comercialización.
En todo momento, según se recoge en la ley, se debe permitir conocer la identidad y la localización de los suministradores y de los receptores de los lotes o de las partidas de productos alimentarios y materias y elementos utilizados, así como la información relativa la identificación de los productos, su naturaleza, origen, registros, características cualitativas y condiciones de elaboración.
Otra herramienta que se pondrá en marcha será un sello de certificación de la sostenibilidad del sector alimentario gallego, pero en sentido amplio del término, no solo circunscrito al apartado de respeto medioambiental.
Este certificado acreditará que una determinada empresa o explotación es sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económica, marchamo que será concedido por la Consellería de Medio Rural para los productos agroalimentarios y por la de pesca para los que tienen su origen en el mar.
¿En qué se basará este sello de sostenibilidad? En un conjunto de normas de buenas prácticas, “encaminadas a garantizar el respecto al medio ambiente, a la calidad y la seguridad alimentaria, a la protección de los trabajadores y a una renta adecuada para os diferentes eslabones de la cadena de valor, especialmente en el caso de las personas operadoras primarias”.
Esto significa que habrá un equilibrio entre todos los factores que intervienen en la producción, sin que el medioambiental condicione la actividad hasta el punto de deje de ser viable o rentable.
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