El año pasado, Galicia comenzó a padecer problemas de sequía en el mes de abril, momento en el que la Xunta decidió decretar la situación de prealerta moderada en varios sistemas, incluido el de Baiona, una situación que se repitió el pasado junio. El avance del cambio climático y los períodos cada vez más prolongados de escasas precipitaciones, alternados con episodios de trombas, se suceden con mayor frecuencia, por lo que el consumo responsable de agua se convierte en necesario, con incluso amenazas de cortes en el suministro en algunos concellos. En este contexto, las sanciones por robos de agua crecieron un 50% el año pasado, pasando de 113 en 2021 a 171, a razón de 14 al mes y una cada dos días.
La mayor parte de estas multas por derivaciones de agua al margen de los permisos legales se concentraron en la demarcación supervisada por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, competencia del Gobierno central, frente a la cuenca Galicia-Costa, que depende de la Xunta. En el primer paso, las multas pasaron de 95 a 146 y en el segundo, de 18 a 25.
Agricultores, cooperativas o empresas pueden detraer agua de ríos, acuíferos, pozos o presas para sus actividades siempre que soliciten un permiso y reciban luz verde. En caso de que superen los niveles autorizados o lo realicen sin esa autorización, la administración inicia un procedimiento sancionador tras la correspondiente denuncia. En el caso del interior, es competencia de la Confederación del Miño-Sil, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En la mayor parte de la costa, es competencia de Aguas de Galicia, bajo el paraguas de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
En esos supuestos, el castigo económico puede alcanzar los 30.000 euros en el caso de la Xunta y a los 50.000 en el del Miño-Sil, en función de los daños que causen, según la Lei de Augas de Galicia y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Claves
- Es obligatorio solicitar autorización: Un particular o una empresa pueden detraer agua de un río o acuífero siempre que soliciten una autorización y se ajusten a la cantidad fijada.
- Hasta 50.000 euros de castigo: El máximo castigo es de 50.000 euros, con 30.000 de tope en el caso de Galicia-Costa, siempre que no haya daños medioambientales.
- El 85% de casos, en la cuenca Miño-Sil: De las 171 multas de 2022, la cuenca del Miño-Sil copa el 85%, con 146. En el caso de la demarcación Galicia-Costa, las sanciones fueron 25.
Las denuncias apenas crecieron el año pasado, pasando de 154 en 2021 a 164. En el caso de Miño-Sil, las cifras se mantuvieron en 128 y en el Galicia-Costa, medraron de 154 a 164.
Sí experimentaron un aumento de un poco más del 50% los castigos. La Demarcación del Miño-Sil no ofrece datos económicos sobre la cuantía de estas sanciones, que se distribuyen con 62 expedientes en Ourense, 60 en Lugo y 24 en Pontevedra. Se trata, por tanto, del 85% de las sanciones en una demarcación donde coinciden los grandes regadíos de la comunidad, motivo por el que el consumo de agua en el sector primario multiplica por cinco en esa zona el del eje atlántico.
En el caso de Galicia-Costa, las multas sumaron 25 casos por 18 del año 2021. El importe total de las sanciones apenas alcanzó los 9.260 euros, según datos de la Consellería de Infraestruturas. “Desde los servicios de Augas de Galicia se prioriza la legalización sobre la acción punitiva. Por esta razón, muchos expedientes que se inician como sancionadores se concretan en requerimientos a los responsables, que, una vez atendidos, dan lugar al archivo de actuaciones sin imposición de sanción”, apuntan desde el departamento dirigido por Ethel Vázquez.
Solo la mitad de concellos obligados tienen plan antisequía
Desde hace veintidós años, los ayuntamientos con sistemas de abastecimiento de aguas que atienden a poblaciones superiores a los 20.000 habitantes deben contar con planes de emergencia para paliar episodios de sequía, autorizados por una administración superior, bien sea la Xunta, en el caso de la cuenca Galicia-Costa, bien sea la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, en el caso del interior.
Galicia registra 24 concellos obligados a contar con este tipo de herramienta, que determina cómo enfrentarse a episodios de escasez de agua, fijando cuándo deben aplicarse cortes en fuentes o riego de plazas hasta restricciones en el consumo humano. Sin embargo, solo doce de ellos han completado su trámite, según reveló FARO, aunque Vigo, por ejemplo, sostiene que cuenta con ese plan, del que Augas de Galicia asegura no tener noticia.
Tienen pendiente elaborar este documento y lograr el visto bueno del supervisor de cuenca Ames, Arteixo, Cambre, Cangas, A Coruña, A Estrada, Lalín, Marín y Oleiros, en el caso de Galicia-Costa, y Lugo y Ponteareas, en el de Miño-Sil. La regulación no fija sanciones para las entidades locales que incumplen esta obligación.
