Galicia sufrió este pasado mes de julio una ola de calor que llevó a los termómetros a niveles históricos en numerosos puntos de la geografía. Pero también hubo otra muy intensa en 2022, con temperaturas máximas de media 3,9 grados por encima de lo habitual. Y en 2017 la comunidad registró una prolongada sequía que dejó a buena parte del territorio en situación de alarma durante quince meses, desde enero de ese año a marzo de 2018. Todos son fenómenos que cada vez se repetirán con más frecuencia e intensidad por causa del cambio climático. Desde al año 2001, por la Ley del Plan Hidrológico Nacional, es obligatorio que todos los ayuntamientos que cuentan con sistemas de abastecimiento que atiendan a más de 20.000 habitantes tienen la obligación de contar con planes de emergencia para paliar episodios de sequía. Sin embargo, dos décadas después solo la mitad de los concellos sujetos a esta exigencia han aprobado con todos sus trámites completos estos planes de intervención.
Durante años no se le hizo caso a esta obligación legal, hasta que en 2019 la Xunta aprobó su ley de garantía de abastecimiento de agua que reforzaba esa exigencia ya contenida en el Plan Hidrológico Nacional. Para el resto de concellos con menos de 20.000 habitantes atendidos por traídas municipales, el contar con planes de emergencia se rebaja a recomendación.
Procedimiento
Son los ayuntamientos los que tienen que redactarlos y aprobarlos y, para que la tramitación sea completa y válida, pasar el informe del organismo de cuenca competente, Augas de Galicia para la mitad occidental de la comunidad y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) para la otra mitad del territorio. En total son 24 los sistemas que deben disponer de estos programas de emergencia para garantizar el abastecimiento, pero solo 12 han completado su trámite.
Augas de Galicia así lo reconoce en los casos de Pontevedra, Redondela, Vilagarcía, Santiago de Compostela, Carballo, Culleredo, Ferrol, Narón, Ribeira y la Mancomunidad de O Salnés, y la CHMS en los sistemas de Ourense y Consorcio Auga do Louro (integrado por los concellos de O Porriño, Mos, Tui y Salceda de Caselas).
En los demás es posible que los respectivos gobiernos locales estén trabajando en su elaboración e incluso que algunos ya los hayan aprobado, aunque todavía les falta el informe de Augas de Galicia (de la Xunta) o de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (competencia del Estado) para ser completamente válidos.
De hecho, el Concello de Vigo asegura que sí tiene su plan de emergencia ante sequías, si bien Augas de Galicia no tiene constancia oficial. Los que lo tienen pendiente también son Ames, Arteixo, Cambre, Cangas, A Coruña, A Estrada, Lalín, Marín y Oleiros en la mitad de competencia de la Administración autonómica, mientras que en la otra mitad de Galicia todavía no han redactados sus planes los ayuntamientos de Lugo y Ponteareas. La CHMS informa que el último requerimiento para que los aprobaran se les hizo en octubre del pasado año.
Características
Esos planes deben contar con una radiografía de demanda y disponibilidad de recursos en la red municipal, definir los posibles riesgos de escasez, establecer los escenarios de alerta y las medidas a tomar en cada uno, desde cortar el riego de jardines a suspender el suministro general por horas, bien sea a empresas o a toda la población. También debe indicar qué zonas son más vulnerables y la población que más problemas puede sufrir. Además, el concello tendrá que prever alternativas para garantizar el suministro, como acudir a camiones cisterna, desvío de ríos cercanos o uso de embalses hidroeléctricos.
Dado que los episodios de sequía irán a más –al igual que las trombas de agua en momentos puntuales, también por causa del cambio climático–, la Xunta lanzó en 2019 una convocatoria de ayudas para animar a los municipios a elaborar sus planes de emergencia. Actualmente se han concedido ayudas a 109 concellos por un importe total de 1,3 millones de euros para redactar sus respectivos programas de intervención ante eventuales escenarios de sequía.
Por tanto, aunque no estén obligados por ley, los ayuntamientos ahora sí parece que están respondiendo a la conveniencia de disponer de estos planes de emergencia.
