La diputada del PSdeG Leticia Gallego criticó ayer la decisión de la Xunta de externalizar las interrupciones voluntarias del embarazo inferiores a 14 semanas en centros privados, reclamando que se garantice el derecho a las mujeres a ser atendidas en el centro público más próximo y preguntándose si esta decisión “no tendrá que ver con los pactos del PP con Vox”.
Gallego considera esa decisión “un nuevo atentado contra los derechos de las mujeres” y recuerda que, según la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, “los hospitales gallegos tienen que garantizar personal no objetor para un derecho fundamental para las mujeres”.
La diputada indica que la justificación de esta externalización, con un coste de medio millón de euros, “contradice lo que dijo el propio conselleiro” de Sanidade, Julio García Comesaña, a una interpelación socialista este año, en la que apuntó que “la objeción no es un problema” para este tipo de intervenciones. “En la misma intervención, el conselleiro decía que ya se contaba con medios en las siete áreas sanitarias, siempre dentro del sistema público”, alegó la diputada socialista.
Por su parte, la viceportavoz del Grupo Popular, Paula Prado, aseguró que esa externalización obedece a “una recomendación del Consello de Contas”, para que “cualquier contrato fuera del Sergas tiene que ser licitado”. “Con una sola interrupción que se hiciese fuera del Sergas, tendrían que haber sacado esa licitación”, indicó antes de asegurar que “el 100% se están haciendo el centros públicos, salvo las que se solicitan en un centro privado”.
