Hasta veintiséis pequeñas presas y azudes que salpicaban la rica red hídrica gallega han sido derribados en el último lustro por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, trabajos inmersos en la Estrategia nacional de restauración de ríos (2022-2030), comandada desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para conseguir el buen estado de las masas de agua. Pero el número de construcciones demolidas en total se duplica. Los azudes y presas obsoletos demolidos en esta demarcación hidrográfica –que representa prácticamente el 50% de los recursos gallegos– se eleva a 53 si se suman otros 7 derruidos antes de 2015, tal y como describe en un informe la Dirección General de Agua, rubricado en febrero de este año.
Por ejemplo, entre los últimos proyectos ejecutados aparece la demolición del azud y piscifactoría de Ribeira Grande en el Parque Natural de O Invernadeiro en Ourense. Y, dentro de la misma política de recuperación, la construcción de un sistema de paso para peces en el río Caselas de Pontevedra.
El mapeo del derribo de estas infraestructuras, algunas pequeñas y sin nombre propio, como pequeños azudes de los ríos Furnia o Barbantiño –aunque con las coordenadas precisas indicadas–, pero también antiguas pasarelas en desuso, así como presas, queda reflejado también a nivel europeo por la organización Dam. Su mapa de barreras demolidas en ríos representa nuestra comunidad con un sarpullido de puntos que van desde el sur hasta la frontera de Asturias. Es decir, en toda la cuenca que abarcan los ríos Miño y Sil, pero deja la zona atlántica sin huellas.
Esta operación cuenta con partidarios entre las asociaciones en defensa del territorio. Dam Removal Europe pretende restaurar ríos que tienen una gran importancia natural o cultural y “que se encuentran fragmentados por presas y azudes obsoletos”. “Al eliminar estas barreras, podremos volver a tener ríos saludables y llenos de peces”, indican. Pero las opiniones no son unánimes.
La organización ecologista Arco Iris alerta desde Galicia de estas obras, que consideran un “derribo indiscriminado” e insta a la Xunta a solicitar su transferencia. “Faltan argumentos sólidos para explicar estas demoliciones generalizadas en todo el Estado, sobre todo en una época de cambio climático, sequía y necesidad de agua”, precisa el presidente de la asociación, Francisco Lueiro. Desde Arco Iris echan en falta una consulta a los concellos en los que se ubican dichas infraestructuras o, al menos, haber tenido en cuenta a las corporaciones municipales a la hora de programar las resoluciones. “En algunos casos, se trata de zonas con sus ecosistemas propios porque las insfraestructuras tienen más de cien años”, advierte, “y desde la Confederación hidrográfica los consideran en desuso porque no tienen producción eléctrica, aunque con los materiales y la calidad constructiva que fueran realizados, su pervivencia no estaba comprometida”, añade. Por eso desde Arco Iris solicitan, una vez más, la transferencia de las competencias en materia hídrica desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a la administración gallega.
La Confederación responde que “los planes de Cuenca se elaboran en colaboración con las comunidades autónomas, en especial en los ríos pertenecientes a la Red Natura 2000, y los ayuntamientos afectados, informados en todo el proceso mediante el BOE, anuncios, notificaciones e incluso visitas a las zonas”.
Galicia- Costa, sin derribos todavía
Las actuaciones de restauración fluvial de este tipo efectuadas por Aguas de Galicia –organismo dependiente de la Xunta– en el período de 2015 a 2021 aparecen en blanco en el citado informe del Miteco. No así el presupuesto para 2022-2030 que, siguiendo los informes de los que dispone el Ministerio, contemplan hasta 1,174.710 euros para la “demolición de obstáculos en la Cuenca Galicia Costa”.
De todos modos, desde la organización Arco Iris se insta a la Xunta a solicitar la transferencia inmediata de la Confederación Hidrográfica Miño- Sil y “su integración en una nueva red fluvial de Galicia con competencias exclusivas en la gestión de sus propios recursos hidráulicos”, aseguran en una misiva.
“Cuencas fluviales, como la del Duero ya han sufrido un severo descenso en sus reservas fluviales con peregrinas excusas que conducen hacia un lema ya obsoleto hace tiempo en función de la situación climática actual y la previsible”, reflexionan. Asimismo, esta entidad de protección ambiental solicita la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente gallega para interponer las acciones necesarias encaminadas a detener esta dinámica estatal. “Con el objetivo de salvaguardar el uso público del agua y de los usos agrícolas y ganaderos y el mantenimiento de los ecosistemas”, sostienen.
Por su parte, la CHMS explica que estas obras “afectan en su mayoría a azudes que, o bien no tienen uso, o bien deben derruirse por ley al haber finalizado su concesión”. Los azudes son construcciones pequeñas que no buscan almacenar agua, ya que el agua rebosa por la parte superior”.
