La discapacidad reconocida para la gallega María Jesús Raposo ascendió al 52% –y está marcada con el código ‘talidomida’ por el Imserso– en la última revisión. La malformación de su mano derecha “es irreversible”. “Nací así y me la llevaré a la tumba; mi mano no va a prescribir nunca”, insiste indignada a FARO después de conocer que su caso no consta entre las 130 indemnizaciones aprobadas por el Consejo de Ministros por los efectos sobre la salud del uso de ese medicamento de la farmacéutica Grünenthal en embarazadas. En 2010 el Gobierno sí reconoció su anomalía congénita, llamada focomelia, como asociada a este fármaco.
María Jesús recibió 30.000 euros tras un reconocimiento por el mismo instituto que practicó esta vez las nuevas pruebas genéticas: el Carlos III de Madrid. Ahora, sin embargo, no aparece en el listado de personas afectadas por los efectos de la talidomida cuando se estaban desarrollando en los vientres de sus madres. “Es una incongruencia”, expresa. Hay pocos casos como el de esta gallega, en los que primero se haya reconocido y ahora, no.
De ese cómputo también han sido excluidos el 80% de los solicitantes en Galicia. “Algo falla, pero si yo tengo que repetir una prueba genética a título personal, la hago”, añade María Jesús que, con 61 años es en la actualidad directora de un centro de día y prácticamente autónoma. “La situación se sufre más durante la infancia”, reconoce.
Solo cuatro afectados gallegos serán indemnizados por el Estado tras un drama que dura ya más de sesenta años. Llevan más de media vida esperando una compensación que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la anterior ayuda concedida hace 13 años? El resultado de esas 130 personas que podrán ser indemnizadas se realiza tras la evaluación de más de 600 casos por parte del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, a través de un panel genético con el que se ha descartado que la discapacidad de los solicitantes respondiera a otra causa o que no fuera compatible con el fármaco.
Hasta ahora, el Estado solo había indemnizado a una veintena de personas víctimas de la talidomida. Se da la extraña contradicción de que entre ellas sí se encontraba la gallega María Jesús. Fue en 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un Real Decreto que regulaba el procedimiento de concesión de ayudas, con indemnizaciones de entre 30.000 y 100.000 euros según el grado de discapacidad. El reducido número de beneficiarios respondía, ya entonces, a la dificultad para probar que eran víctimas del fármaco.
Volviendo al presente, entre los que sí reconoce el Estado está el vicepresidente de la Asociación de víctimas de la talidomida (Avite), Rafael Basterrechea, que lamenta no obstante, las incógnitas citadas: “Es una sensación agridulce, porque voy a recibir una ayuda por la que hemos peleado 70 años, pero otras personas con patologías idénticas han recibido resultados contrarios”. O una persona que se ha jubilado como afectada por la talidomida “a la que ahora le dicen que no lo es”, sostiene Basterrechea.
Eso ha dejado casos llamativos, que desde la asociación van a “seguir peleando”. “Es matemáticamente imposible que, de 22 demandantes, solo haya 4 personas con malformaciones congénitas de extremidades reconocidas en Galicia”, expresa el afectado que ha vivido años en nuestra comunidad.
Rafael nació en 1965, cuatro años después de que la talidomida dejase de comercializarse en Alemania, Reino Unido y Australia. En España y, pese a la evidencia de que producía malformaciones congénitas en los fetos de las mujeres embarazadas a las que se les suministró contra los mareos, siguió prescribiéndose... hasta 1985. “Si el Gobierno español hubiera sido eficiente, yo no habría nacido así”, dice este hombre, con un grado de discapacidad superior al 65%.
En 2018, una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado recogía que los afectados recibirían una indemnización de 12.000 euros por cada punto de discapacidad reconocida. A partir de ahí, comenzó el proceso para determinar quienes tenían derecho a ella. “La situación es bastante lamentable, debido al colectivo al que nos estamos refiriendo, no es nada justo. Pero por lo menos, es un primer paso”, valora Rafael Basterrechea. Al mismo tiempo, anuncia un recurso por parte de los asociados al Real Decreto. “Una de las cosas que se ha solicitado es que no se aplique la retención del IRPF. Después de media vida esperando que nos llegue esa ayuda, tendríamos que devolver el 40%, así que en lugar de una indemnización parecería un premio de la lotería”, señala.
