Peleas, enfermedades o prisión fuerzan a los padres de 400 niños a dejarlos al cuidado de la Xunta

Un grito de “déjame en paz, imbécil” y quizás un empujón evidencian en casos puntuales la incapacidad de unos padres para controlar a un adolescente con problemas de conducta y la única salida que perciben para tratar de reconducir la situación es reclamarle a la administración que se encargue del cuidado de este, alejarse para pacificar la convivencia. En otros casos, la falta de una de apoyo familiar e incluso de allegados obliga a tomar esa decisión a progenitores forzados a desplazarse al extranjero por motivos legales o laborales. A veces, algunos “viajes”, como se les define a los menores, son a la cárcel durante un tiempo para cumplir una condena. Situaciones como estas obligaron a los padres y madres de 399 menores de edad a pedirle a los técnicos de la Consellería de Política Social que asumiesen el cuidado de sus hijos de manera temporal.

Se trata de casos excepcionales y en los que ninguna de las partes encuentra otra alternativa. “La preservación familiar es fundamental. No es deseable que las familias acudan a esta opción, porque meter a un niño en el sistema de protección, crearle un expediente y luego ingresarlo en un centro o enviarlo a una familia de acogida hace que sus apegos y vínculos, sus estructuras mental y emocional se tambaleen”, advierte Cristina Blanco, subdirectora xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia de la Xunta.

Esta medida “muy excepcional” está pensada para casos extremos, como le sucedió a una familia de origen extranjero afincada en Galicia que tuvo que volver a su país de origen por un asunto legal. No pudo llevarse a sus hijos y los tuvo que dejar al cuidado de la Xunta porque carecía de parientes e incluso de amigos que pudiesen atenderlos.

Estas guardas voluntarias dejan al menor bajo la tutela de la administración, pero la patria potestad sigue en manos de sus progenitores, que toman las decisiones importantes relativas a colegios, vacunación y cuestiones similares. La legislación establece que los casos, que pueden permanecer en esta situación hasta dos años, se revisen cada seis meses, período que se acorta a la mitad en el caso de los niños de corta edad.

El dato de 399 niños registrado el año pasado supone un 10% menos respecto a 2021 (441 casos) y un 21% respecto al dato de 2020, año marcado por la irrupción de la pandemia de COVID y en el que las cifras superaron el medio millar. “Eso se explica por la mejora de la situación epidemiológica respecto a ese año, al reducirse el número de familias que requirieron hospitalizaciones urgentes que obligaban a solicitar a la Xunta la guarda voluntaria para evitar la desprotección de sus hijos. En 2022, esa situación ya no se produjo por la normalización de la situación epidemiológica”, apuntan desde Política Social.

Llegados a ese punto y aceptado el expediente por parte de la administración, los menores bajo el cuidado público son ingresados en un centro para vivir en él mientras dure ese paréntesis vital o acogidos por una familia que voluntariamente participa en este tipo de programas.

Blanco explica que existen múltiples casuísticas, con un porcentaje “muy importante” derivado de “problemáticas familiares”, con casos incluso de violencia, en los que los padres dudan si denunciar o no a su hijo o hija. “Para ellos es muy difícil afrontar esa posibilidad”, reconoce. Aun así, rompe cualquier prejuicio sobre el tipo de familia afectada por esta clase de conflictos. “Ni siquiera para las medidas de protección que no son solicitadas por los padres, sino que se adoptan por la acumulación de indicadores de desprotección, tiene que ver demasiado el tema económico. Tampoco me atrevería a decir que la mayoría de casos sean familias desestructuradas ni que se refieran a niños o niñas provenientes de adopciones. Hay que romper clichés. En cualquier familia puede darse ese tipo de situaciones y por eso debe trabajarse la parentalidad positiva”, expone.

Además de las guardas voluntarias, la propia administración puede retirarle el cuidado e incluso la patria potestad a unos padres si los servicios sociales detectan que no vive en unas condiciones adecuadas, siempre bajo supervisión y autorización judicial.

El año pasado, la cifra de menores que fueron tutelados en algún momento del año por la Xunta fue de 1.784, prácticamente los mismos que en 2021, cuando se alcanzaron los 1.795. “Galicia es una de las comunidades con la menor tasa de menores atendidos en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, como indican los datos del Gobierno central. En concreto, Galicia tiene una tasa de atención 71 puntos por debajo de la media, según el Ministerio de Derechos Sociales”, apunta la Consellería de Política Social.

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