Seiscientos gallegos reclaman a la Xunta por accidentes sufridos en vías autonómicas

La avalancha de recursos y reclamaciones patrimoniales ha obligado a la Consellería de Infraestruturas a reforzar su organigrama. Entre el papeleo al que tienen que hacer frente están un total de 600 demandas interpuestas por conductores gallegos que reclaman a la Xunta una compensación por los daños sufridos en accidentes de tráfico registrados en carreteras autonómicas. Consideran que la Administración es responsable del siniestro por el mal estado de la vía, la mala señalización o, como ocurre en la gran mayoría de los casos, por no adoptar las medidas necesarias para impedir la invasión de animales salvajes en la calzada. Sin embargo, según informa el departamento que dirige Ethel Vázquez, el 90 por ciento de estas reclamaciones terminan siendo desestimadas.

La irrupción de animales salvajes, sobre todo jabalíes, en la red viaria ocasiona ya la mitad de los accidentes de tráfico que se registran en la comunidad autónoma. Desde la Dirección General de Tráfico cifraron en 3.340 los siniestros sufridos en 2021 por esta causa, una cifra muy similar a la del año pasado, pero superior a los dos mil casos de 2019.

Los damnificados por estos siniestros pueden reclamar daños patrimoniales a la administración titular de la vía. En el caso de la Xunta, la Consellería de Infraestruturas reconoce que ahora mismo se están tramitando 600 demandas, aunque el número total de reclamaciones que llegan a sus despachos y que ya se han resuelto es aún mayor.

Evolución

En todo caso, desde el departamento que dirige Ethel Vázquez explica que no hubo un incremento significativo de reclamaciones presentadas ante la Xunta en los últimos años y apunta que incluso comienza a constatarse una tendencia a un ligero descenso en el número de demandas.

“El 90 por ciento de las reclamaciones patrimoniales presentadas son desestimadas en vía administrativa y, en la mayoría de los casos, estamos ante accidentes provocados por invasión de animales en las carreteras”, explican desde la Consellería de Infraestruturas. Si falla el recurso ante la Xunta, el damnificado aún puede recurrir al Consello Consultivo o incluso a los tribunales.

Así, por ejemplo, en 2019 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenó a la Xunta a indemnizar a dos ocupantes de un vehículo y a la aseguradora con 38.800 euros por los daños personales y materiales ocasionados en un accidente de circulación provocado por un jabalí el 26 de octubre de 2015 en la carretera PO-205, en el término municipal de Silleda.

Los daños que puede ocasionar en el coche un jabalí atropellado son cuantiosos, además del riesgo para la vida de los ocupantes del vehículo. Hasta hace años los seguros no incluían esta cobertura. Sin embargo, cada vez es más frecuente que los daños por la irrupción de animales salvajes en la calzada se incluyan en la póliza y, de hecho, esta prestación es cada vez más demandada por los conductores.

Pese a que la Xunta advierte que se ha iniciado un descenso en el número de reclamaciones, aún siguen siendo voluminosas, tanto que ésta es una de las razones que esgrimen para crear una jefatura de sección en la Subdirección Xeral de Réxime Xurídico-Administrativo.

Recursos

Este departamento no solo debe resolver estas reclamaciones patrimoniales por accidentes en vías autonómicas, sino también la resolución de un millar de expedientes vinculados con distintas áreas de la consellería desde movilidad, aguas o carreteras. Así, se incluyen por ejemplo las denuncias por vertidos contaminantes o por accesos a carreteras desde las carreteras autonómicas.

A todo este papeleo hay que sumar los expedientes por denuncias derivadas de incumplimientos de las medidas de prevención para luchar contra el COVID. En virtud de un convenio con los concellos la Xunta se comprometió a tramitar estas demandas, para liberar de carga de trabajo a los ayuntamientos gallegos. Esto supuso gestionar 16.243 denuncias, de las que resolvió ya 13.055, lo que representa la finalización del 80,37 por ciento. “El resto fueron devueltos por no ser competente la Administración autonómica para su resolución”, explica Infraestruturas.

Todo este trabajo justifica para la consellería la necesidad de “reorganizar el trabajo” con la creación de una nueva jefatura de servicio. También se reforzará la Xunta Arbitral de Transportes que se encarga de gestionar las reclamaciones de usuarios y empresas respecto al transporte metropolitano.

Suscríbete para seguir leyendo