Los ingresos locales del IBI se congelan tras la regularización masiva de fincas

A finales de verano, los buzones de los propietarios de pisos, garajes o fincas rústicas comenzarán a recibir los recibos para pagar lo que coloquialmente se conoce como la “contribución” o “el catastro”, es decir, los recibos del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que supone el principal recurso financiero propio de las entidades locales. El año pasado, la consolidación de las propiedades sometidas a esta tasa tras unos años de planes para desvelar galpones o piscinas “ocultos” y la renuncia a subidas impositivas a las puertas de los comicios municipales del pasado domingo prácticamente congelaron la recaudación por este concepto, situada al borde de los 600 millones de euros de nuevo.

Los ayuntamientos gallegos ingresaron 589,2 millones por los tres tipos de IBI (urbano, rústico y de inmuebles especiales) durante el año pasado, según las últimas cifras actualizadas por la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, que revisó también los datos de los años anteriores. Ese dato apenas supone cuatro millones de euros más que en 2021, cuando ya se había alcanzado un récord histórico, teniendo en cuenta las cuotas líquidas ingresadas. Esta magnitud mide el dinero que llega a las arcas públicas una vez aplicadas las desgravaciones y exenciones fijadas legalmente.

Durante ese año, además, los concellos enviaron a sus vecinos “solo” 20.423 recibos más de este impuesto tras el bum de más de 126.000 facturas nuevas de 2021. Los motivos de este bajón en la emisión de nuevas facturas son varios. Por un lado, la consolidación de los bienes gravados tras los planes para desvelar propiedades sin regularizar, como galpones, pequeños fines de semana o incluso piscinas. Por otro, el frenazo de la obra nueva, que convierte el IBI de un solar en tantos recibos como viviendas y plazas de garaje se construyan en él. A menos edificios a estrenar, menor incremento. A las cifras también contribuyen las herencias, que en el rural se traducen en el fraccionamiento de fincas entre los parientes que asumen un legado.

En total, el año pasado los ayuntamientos gallegos emitieron 3.465.320 recibos, de los que correspondieron 2.760.333 al IBI urbano, 703.162 al rústico y 1.825 al de inmuebles especiales. Solo la segunda categoría experimentó un descenso.

Ante esas cifras, es el IBI urbano el que copa la gran parte de los ingresos por este tributo, con más de 535 de los 589 millones de recaudación, seguido de los 35,4 de los inmuebles especiales y los 18,8 del rústico.

Del 0,4% al 1,1%

El año pasado, ningún alcalde quiso comprometer la posibilidad de salir reelegido por la impopular decisión de incrementar el recibo de la “contribución”. El Gobierno central establece una horquilla de tipos impositivos y cada entidad municipal decide qué porcentaje aplica. El Real Decreto Legislativo 2/2004 establece que el gravamen mínimo del IBI será del 0,4% del valor catastral de un bien, llegando el máximo hasta el 1,1%, en el caso de los inmuebles urbanos. Es decir, cada consistorio posee un amplio margen para aplicar un impuesto que se paga solo una vez al año. De hecho, en Pontevedra solo un concello “tocó” los márgenes impositivos de este tributo el año pasado. Fue Salceda de Caselas y lo hizo para rebajarlo, pasando del 0,5% al 0,4%, según la información del Ministerio de Hacienda.

Un 80% más que en el bum

Aun así, la recaudación creció ligeramente el año pasado, suponiendo incluso un 80% más que los 330 millones alcanzados en 2008, último año del bum inmobiliario, pues a finales de aquel ejercicio la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers causó un efecto dominó que tumbó el sistema financiero global y pinchó, en España, la burbuja inmobiliaria.

El motivo de ese incremento, con rebajas de impuestos en algunos municipios, radica tanto en el aumento de recibos como en el del valor de los inmuebles, que sirve de referencia para aplicar luego el tipo impositivo fijado por cada ayuntamiento.

Por provincias, A Coruña lidera la tabla con 264,1 millones, seguidos de los 181,5 de Pontevedra, los 73,9 de Lugo y los 69,7 de Ourense, según el Catastro.

A nivel nacional, el año pasado marcó un récord histórico de recaudación por este concepto, con 14.198 millones de euros, de los que 13.172 corresponden al IBI urbano, 478 al rústico y 548 al de inmuebles especiales, que comenzó a aplicarse en el año 2012.

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