A juicio dos exalcaldes del PP de Nigrán por amañar el contrato de la basura
El fiscal pide un año de prisión para A. R. y Avelino Fernández por prevaricación y cohecho | Un exedil y tres funcionarios se sentarán también en el banquillo desde el lunes
Añádenos en GoogleEl juicio contra dos exalcaldes del PP de Nigrán por presuntos delitos de prevaricación administrativa y cohecho relacionados con el supuesto amaño del contrato de la basura arranca este lunes, día 22, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. A. R. Millares y Avelino Fernández Alonso se enfrentan a seis jornadas de vista oral y a una petición de condena por parte de la Fiscalía de un año de prisión cada uno y multas que suman 50.000 euros.
En el banquillo se sentarán también el exconcejal Antonio Fernández Comesaña; su esposa; tres funcionarios del Ayuntamiento nigranés; Jorge González Díez, representante legal de la concesionaria del servicio de recogida de residuos –Cespa (ahora PreZero)– en el momento de los hechos; y otro ingeniero de una consultora privada.
La investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Vigo durante ocho años concluye que el exregidor A. R. “se concertó” con el delegado de Cespa para lograr del pleno la adjudicación del servicio a cambio de una serie de “beneficios económicos a autoridades y funcionarios del Concello”. La contratación se produjo en 2004, durante el mandato del bipartito PP-PINN que gobernó el municipio de 2003 a 2007 liderado por el popular A. R.. Sus socios de gobierno eran Avelino Fernández, también exalcalde popular de 1987 a 1995 que había abandonado el partido para crear la formación independiente, y Antonio Fernández Comesaña, número dos de aquella agrupación escindida del PP.
El escrito de acusación fiscal afirma que la empresa que sigue encargándose de los residuos pagó una mordida de 102.173 euros al regidor, que a cambio encargó una valoración de las cuatro ofertas presentadas al concurso público a una consultora privada, con cuyo ingeniero “estaba en connivencia”, ya que era socio suyo en otra empresa. El informe otorgó la mayor puntuación a Cespa y la mesa de contratación aprobó a adjudicación, refrendada después por el pleno.
Asimismo, el ministerio público indica que un día antes de la sesión plenaria, el delegado de la adjudicataria firmó con Avelino Fernández un contrato de alquiler del bajo donde la empresa tiene las oficinas por 57.696 euros al año. Unos días después, Cespa arrendó otro local para guardar el material, propiedad de la mujer del edil Antonio Fernández Comesaña, a la que pagaría 7.200 euros al año, y de dos funcionarios municipales, que percibirían 4.680 euros anuales cada uno.
La investigación rastreó las cuentas de los acusados para detectar las mordidas. Además de la de A. R., la Fiscalía apunta a que Avelino Fernández y Antonio Fernández Comesaña habrían percibido también de la adjudicataria 88.206 y 7.409 euros, respectivamente.
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