Soledad no deseada, incipientes enfermedades mentales como la demencia o el alzhéimer, ausencia de familiares o parientes sin capacidad para hacerse cargo de enfermos... Estas circunstancias y el progresivo envejecimiento de la sociedad gallega obligan a la administración autonómica a tomar decisiones drásticas para salvaguardar el bienestar de mayores, internándolos de urgencia en una residencia, saltándose cualquier lista de espera. La cifra de estos ingresos no deja de crecer y el año pasado se superaron por primera vez los mil casos con un total de 1.097 expedientes, 127 más que en 2021. Pero, además, el ritmo de actuación se ha disparado durante los cuatro primeros meses del año, con 450 casos, lo que supone una media de 112 al mes, un 23% más que los 91 de promedio del año pasado.
El desamparo de los mayores aumenta en Galicia, una comunidad donde 139.700 hogares unipersonales están compuestos por mayores de 65 años, casi 30.000 más que en 2013, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esa soledad dispara incluso el riesgo de malnutrición, que acecha a casi 27.000 gallegos de edad avanzada, según el estudio Estado nutricional en mayores de 65 años atendidos en Atención Primaria en la zona norte de Galicia. Ese peligro alcanza al 19% de esas personas si no cocinan sus alimentos y al 13,6% si lo hacen.
Pero la incapacidad para pagar una plaza en un centro privado, con costes que superan los 2.000 euros mensuales en un territorio donde la pensión media es de 1.000, y la escasa oferta pública dificultan el acceso a este recurso. Los casos graves, sin embargo, cuentan con una vía rápida para saltarse cualquier lista de espera.
La normativa actual establece tres supuestos que permiten a la Consellería de Política Social internar en un centro público a un mayor de manera urgente y casi inmediata (también ofrecerle asistencia en el hogar): encontrarse en situación de desamparo, suponer un riesgo para su integridad física y ser víctima de malos tratos.
Estos supuestos motivaron el año pasado el ingreso de 1.097 personas en residencias de mayores de la comunidad de manera urgente: 371 en la provincia de Pontevedra, 451 en la de A Coruña, 144 en la de Lugo y 131 en la de Ourense, según datos del departamento dirigido por Fabiola García.
Aunque es Política Social quien decide estos internamientos exprés, la propuesta parte de los trabajadores sociales, que analizan casos que conocen de primera mano o que les llegan desde profesionales sanitarios o de familiares, en situaciones, por ejemplo, de mayores con demencias que ya no pueden vivir solos porque dejan encendido el gas y no se acuerdan de apagarlo.
El Código Civil obliga a sus parientes a hacerse cargo de ellos, pero en muchos casos estos no disponen de medios (desde tiempo a recursos económicos o directamente espacio físico) o de conocimientos. Si carecen de dinero suficiente, pueden acceder a un centro público por este mecanismo de urgencia, que desde 2016 suma alrededor de 6.450 casos, más de 2.500 de ellos en los dos últimos años.
Esa claudicación familiar supone la segunda mayor causa de ingresos por la vía urgente en residencias de mayores, según el Colexio de Traballo Social de Galicia, que sitúa en primer lugar las personas que viven solas y carecen de parientes. En tercer puesto, aparecen quienes constituyen un riesgo para su propia salud. Los casos de malos tratos resultan anecdóticos.
Otros servicios
Galicia se encuentra a la cola en plazas de residencias por habitante, solo por delante de Murcia y Comunidad Valencia, según la Asociación estatal de directivos y gerentes de servicios sociales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ratio del 5% de los mayores de 65 años, pero Galicia cuenta con 2,83, frente a una media estatal de 4,22.
La Xunta alega que apuesta por otros servicios que permiten a los mayores seguir viviendo en su domicilio, como el Servicio de Ayuda en el Hogar, que llega al 30% de dependientes, porcentaje solo superado por el 37% de Andalucía.
