Más de 31.000 gallegos consumidores de cannabis han desarrollado dependencia

Boubeta e Isorna, coordinadores del primer “manual” sobre la sumisión química en la semana clave de la ley del “solo sí es sí”

Consumidor cannabis

Consumidor cannabis

Carmen Villar

Carmen Villar

¿Ha fumado cannabis antes del mediodía? ¿Lo hizo solo? ¿Ha tenido problemas de memoria? ¿Le han dicho amigos o familiares que debería reducir el consumo? ¿Ha intentado rebajarlo o dejarlo sin lograrlo? ¿Ha tenido problemas, como peleas, accidentes, bajo rendimiento laboral o escolar, por ese motivo? Son preguntas del Cannabis Abuse Screening Test, CAST, que mide la adicción a la marihuana desde 0 a 24 puntos. El Sergas lo utiliza en su encuesta anual para evaluar las conductas de riesgo para la salud de los gallegos (SICRI) y sus resultados permiten dividir a los usuarios entre los “experimentales” –lo que no significa un uso creativo o inocuo, subraya el experto en prevención de sustancias Manuel Isorna– y los que cruzaron la línea hacia el abuso y la dependencia. En Galicia, el análisis de las respuestas del SICRI permite estimar que siete de cada diez gallegos que admitieron consumir cannabis en el momento de la encuesta presentaban un consumo problemático de esa droga y la mitad, dependencia.

En números absolutos, los porcentajes que aparecen en el artículo “Consumo de cannabis en la población adulta en Galicia”, publicado en “Adicciones”, se traducirían, con población a 2022, en casi 64.000 consumidores –declaran consumir un 2,7% de gallegos a partir de 16 años–, de los que unos 44.000 presentarían un trastorno por uso de cannabis –3 puntos o más en el CAST– y unos 31.000, dependencia –5 o más–. Además, según los autores, encabezados por Julia Rey, Isolina Santiago y Cristina Candal, es posible que en la encuesta se “infraestime” el dato por ocultar el consumo.

¿Cuál es la diferencia entre trastorno por consumo de cannabis y dependencia? Isorna lo explica: se habla de consumo de riesgo cuando la sustancia provoca “una interferencia significativa” en la vida diaria del consumidor, mientras que existe “un problema de dependencia” cuando, pese a todas las dificultades que el consumo acabe provocando –abandono de la pareja, retirada del carné, pérdida de trabajo...– el afectado “sigue consumiendo”. Isorna añade que los protocolos relacionan una puntuación superior a 5 en el CAST con una “derivación” a un centro especializado. “Tiene que ponerse a tratamiento porque su consumo está repercutiendo en su vida de manera significativa”, avisa.

El también profesor en la Universidade de Vigo señala que “cada vez son más” quienes tienen un problema de dependencia y que eso repercute en su salud a través de accidentes de tráfico, peleas... De hecho, el trabajo alerta que “un uso continuado de cannabis puede dar lugar al desarrollo tanto de enfermedades mentales como de enfermedades respiratorias y cardiovasculares” y añade que “un inicio precoz está asociado con ideas suicidas, depresión y esquizofrenia”. 

La marihuana es responsable ya de la mitad de asistencias médicas por drogas

Para Isorna, “es un tema preocupante” el que la sociedad se “vaya familiarizando con que haya un consumo”, sostiene, no solo por esas consecuencias sobre la salud individual, sino también por la carga que supone sobre el sistema sanitario público. Argumenta que si en 1996 las personas que acudían a urgencias por problemas derivados del consumo de cannabis suponían un 6% sobre el total de asistencias por drogas, en 2019 representaban más de la mitad.

La investigación publicada en “Adicciones”, que analiza las 15.700 respuestas de las encuestas del SICRI de 2017 y de 2018, enfatiza que los números gallegos son inferiores a los estatales y que la presencia de la marihuana a partir de los 64 años es “anecdótica”, si bien los consumidores de cannabis tampoco escapan al envejecimiento. Por esa razón, los autores avisan que “el número de consumidores de mediana edad podría aumentar” y ven preciso que tanto la prevención como los tratamientos de deshabituación incorporen a ese colectivo.

Pese a ello, si 3 de cada 100 gallegos admiten fumarse algún porro, entre los 16 y 24 años, los más jóvenes, ese porcentaje se triplica ysu probabiildad de dependencia más alta. De ahí que los expertos defiendan además medidas de prevención a edades tempranas que promuevan estilos de vida saludables y alternativas de ocio y saludables destinadas “principalmente a los varones jóvenes”. Porque el perfil de los consumidores dependientes es el de un varón, con entre 16 y 44 años y fumador. Con todo, Isorna incide en que las chicas van acortando distancias a gran velocidad y que la repercusión de las drogas sobre las mujeres y su salud es “mayor”.

Isorna, Santalices y Rial Boubeta, junto a Rodríguez, Pérez y Carreira, de los grupos parlamentarios de PSdeG, PP y BNG, ayer, en la Cámara. |   // XOÁN ÁLVAREZ

Isorna, Santalices y Rial Boubeta, junto a Rodríguez, Pérez y Carreira, de los grupos parlamentarios de PSdeG, PP y BNG, ayer, en la Cámara. / XOÁN ÁLVAREZ

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Estudios que se están realizando en las universidades gallegas dirigidos por los profesores Antonio Rial Boubeta y Manuel Isorna Folgar estiman que una de cada diez universitarias en Galicia podría haber sido víctima de agresión sexual tras consumir alcohol u otras drogas. Ambos ya describían en un trabajo el pasado año cómo un 2% de menores gallegos declaraba que se aprovecharon de ellos tras invitarles a alcohol u otras drogas en contextos que los especialistas entendían de consumo “compartido y consentido”. “Es una casuística que va en aumento”, advierte Rial Boubeta, una “emergencia sociosanitaria”.

Los dos expertos son buenos conocedores del problema y también los coordinadores, al lado de José R. Agustina como director, del libro “Sumisión química y uso de sustancias psicoactivas en las agresiones sexuales. Prevención, detección e intervención de un problema disciplinar”, que presentaron ayer y del que entregaron un ejemplar al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, y a representantes de los tres grupos parlamentarios.

La obra, que definen como el primer “manual” en ese ámbito, en lenguaje “riguroso”, pero “accesible a cualquier lector”, responde a una “inquietud” que comparten desde hace años. Para Boubeta, “seguimos con un enorme desconocimiento del problema y al tiempo estamos en la obligación de legislar y se están produciendo cambios legislativos importantes”, en alusión a la ley del “solo sí es sí”, que afronta una semana decisiva. Los políticos tienen recomendada la lectura porque, apunta Isorna, “si se hace un mal diagnóstico, las medidas no serán correctas”, en alusión a actuar solo en lo penal.

Ya en 2015 ambos realizaron una revisión del problema de las agresiones sexuales y la presencia asociada de sustancias, sobre todo alcohol y no burundanga, comenta Isorna, por más que se hable de ella. Mientras el problema ha ido ganando presencia, explica Rial Boubeta, son escasos los trabajos científicos que lo cuantifican –de los pocos, los realizados en Galicia– y los registros de la Administración no ayudan.

“Porque una cosa es lo que se denuncia y otra lo que pasa”, sostiene: “Solo se denuncian el 10 o el 20% de los casos, con lo que el 90 o el 80% del problema queda bajo la superficie”. También ve carencias de cara a presentar una denuncia y probar los hechos y cree preciso desarrollar pautas de atención, protocolos, para atender “mejor” a las víctimas y gestionar “mejor” los casos.

La obra, que surgió a raíz de un curso organizado por Isorna en la UVigo y el contacto con expertos, de “lo mejor” en sus ámbitos, reúne múltiples puntos de vista: el derecho penal, vinculado al consentimiento; las violencias sexuales sufridas por las mujeres; las drogas facilitadoras de asalto sexual; el perfil de los autores; el rol de las urgencias y las pruebas o las “manadas”. Este último fenómeno va a más, como explica el artículo de Alexandre Xifró, que indica que los casos de violencia sexual en grupo aumentaron un 30% de 2016 a 2019, aunque en ese intervalo crecieron casi un 50% los abusos y agresiones sexuales.

Boubeta subraya que se trata de invitar a agentes sociales e instituciones a abordar el problema “desde la prudencia” y buscando el rigor y la prevención. Para él, la parte legal es “secundaria” frente a la educativa. “Hay que trabajar en la atención a las víctimas, en los protocolos, pero también en los agresores”, sostiene, porque son jóvenes, en grupo, a veces menores, que viralizan el fenómeno y reciben un “refuerzo social”. “El problema es mayor de lo que pensamos y tiene mucho que ver con la mala educación en valores”, defiende. Lo vincula a “un inicio cada vez más temprano en conductas sexuales absolutamente mediatizadas por el consumo de pornografía, como un influencer decisivo y que contamina”. Por ello urge a una educación afectivo-sexual y en valores e insta a la autocrítica, dado que “cada vez tenemos una sociedad más igualitaria, mientras hay una cosificación progresiva de la mujer desde edades tempranas”.

Lo suscribe Isorna: “El consumo de drogas no basta” para esos episodios, porque es “generalizado en el ocio nocturno”. “Tiene que haber unos valores machistas, una oportunidad y un contexto” que también hay que abordar, señala, en alusión a que la publicidad de bebidas destiladas asocia noche, diversión y sexo. Por ello insiste en que, además de poner el foco en la víctima y en las denuncias, hay que “desmitificar los valores que se están transmitiendo”.

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