Más de 178.700 edificios deberán mejorar su eficiencia energética antes de 2033

La UE no solo ha puesto el foco en los coches para reducir emisiones sino también en los edificios. La nueva Directiva de Eficiencia Energética en la Edificación obligará a profundas reformas en muchos inmuebles. Bruselas exigirá que todos los edificios tengan como mínimo un certificado de eficiencia energética E en enero de 2030 y D –o mejor– en 2033. Esta etiqueta califica un inmueble calculando su consumo anual de energía: se clasifica con una escala que va de la letra A, la categoría más eficiente, a la G, que sería la peor. En Galicia esta certificación es obligatoria para todos los bloques de viviendas o casas de nueva construcción y también para los de segunda mano que se quieran vender o alquilar. En total, se han evaluado en la comunidad 219.230 edificios. Y hay 178.713 con una calificación inferior a D que tendrán que ser reformados antes de 2033 –de ellos 63.454 con una etiqueta inferior a E deberán hacerlo ya antes de 2030 según la nueva norma europea–.

En Galicia hay aproximadamente 800.000 inmuebles de carácter residencial. Es decir, como mínimo serían necesario reformas en estos 178.700 –el 22 por ciento del total– que ya han sido calificados energéticamente, aunque el número podría ser mayor pues el 70 por ciento de los edificios gallegos todavía carecen de etiqueta energética.

De hecho, si se toma como muestra solo los inmuebles con certificación energética, en Galicia el 81 por ciento no pasaría el examen de la UE para 2033.

Reformas

¿Y qué obras deberán acometer estos edificios para mejorar su eficiencia energética? La reforma de fachadas y el cambio de ventanas ayuda a mejorar el aislamiento térmico. Se recomienda también instalar leds o bombillas de bajo consumo, así como cambiar los sistemas de calefacción y agua caliente por otros más eficientes y sostenibles. En este sentido, la Directiva de Eficiencia Energética de la UE quiere eliminar progresivamente el recurso a combustibles fósiles y sustituirlos por energías limpias para dar servicio a las viviendas. Esto significa la desaparición de las calderas de gas y gasoil. “Debe hacerse a más tardar en 2035 y, si no es viable, a más tardar en 2040”, se explica en la Directiva de Eficiencia Energética. Esta medida será obligatoria para todos los edificios nuevos y también para los ya construidos cuando acometan reformas.

Los edificios que se construyan a partir de 2028 deberán tener cero emisiones

Los combustibles fósiles deberán sustituirse por sistemas de calefacción y de agua caliente que funcionen con hidrógeno verde, bombas de calor, paneles solares, pellets o geotermia, por ejemplo.

La Directiva de Eficiencia Energética ha sido ya aprobada por el Parlamento europeo, pero ahora debe ser ratificada por la Comisión Europea y el Consejo. Se prevé su aprobación a finales de este año o principios del próximo y después se abrirá un plazo para su trasposición a cada país.

De momento una parte importante de los fondos europeos se están enfocando ya a la rehabilitación de edificios. Solo el pasado año se presentaron peticiones para reformar al menos 18.240 viviendas

Cumplir con el mandato de la UE supondrá un reto importante en Galicia, con un parque de viviendas muy envejecido. En la comunidad, de los inmuebles certificados energéticamente, solo 7.000 tienen una calificación óptima de A ó B –apenas el 3 por ciento–. La mayoría, un total de 115.259, tiene de nota una E y hay 63.454 con una etiqueta F o G, que son las más deficientes.

Pero ni siquiera todos los nuevos edificios, construidos en los últimos once años, cumplen los estándares óptimos de eficiencia energética. De los 4.592 inmuebles edificados en este periodo ocho de cada diez cuentan con una calificación energética A ó B. Pero hay un 20 por ciento que no llegan a estos niveles de eficiencia.

Desde la Xunta prefieren esperar a que el Gobierno de España trasponga la directiva europea para valorar su impacto.

El elevado coste de acometer todas las reformas necesarias para cumplir con los estándares europeos no tendrá que salir únicamente del bolsillo de los ciudadanos. Bruselas advierte que los países miembros deberán establecer un marco reglamentario y financiero para apoyar las renovaciones de los inmuebles, con especial a atención a los hogares vulnerables y de rentas medias.

Se establecerán figuras como hipotecas verdes, préstamos en condiciones especiales y subvenciones que se costearán con cargo a los fondos Next Generation, los Feder y el Fondo Social para el Clima.

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