Proteger el bar para salvar el pueblo
El Congreso tramita la propuesta para incluir en la Ley de Economía Social, con sus ventajas fiscales, a tabernas y comercios locales de núcleos con menos de 200 habitantes

Vecinos de Calvos de Randín (Ourense) jugando al dominó mientras charlan en su bar. / INAKI OSORIO
Que la vida transcurre en los bares parece la típica frase superficial, pero para miles de gallegos es una realidad irrefutable. Como bien podría ser para cerca de 565.000 personas (21% de la población de Galicia) cuyas casas se encuentran en pueblos, parroquias y lugares de, donde viven menos de 200 habitantes. En estos puntos de la dispersa geografía gallega, el bar, la tasca, la cantina, la taberna... tiene un valor incalculable porque es el centro de reuniones donde pasa todo. Es mucho más que el sitio donde tomar algo. Es el lugar de encuentro con los vecinos, donde echar la partida los jueves, donde ver el partido porque no se emite en abierto. Un espacio compartido por varias generaciones al mismo tiempo, en el que todos se conocen y casi todos son parientes. Pero además es la ilusión del día porque es la actividad social por excelencia. Y como tal, deja de ser simplemente un negocio para convertirse en el dinamizador de la vida. La experiencia ha demostrado además, que en los pueblos donde el bar ha desaparecido, el día a día es más solitario, más duro. Y la calle está más vacía. Crece de manera involuntaria el aislamiento y todo va más despacio, como en un día eterno. Con implicaciones sobre el bienestar emocional de los vecinos.
Todo esto es lo que ha motivado la presentación de una proposición de ley para que los bares de pueblo estén bajo el amparo de la Ley de Economía Social. Presentada en enero ente el Congreso de los Diputados por la agrupación Teruel Existe (integrante del grupo mixto), ha sido respaldada ampliamente por la Cámara, encontrándose ahora en trámite legislativo para perfilar su contenido. “Es un servicio básico”, sostiene el grupo que pretende reconocer a estos establecimientos más allá de su condición de negocio hostelero, otorgándoles una función social. “Muchas comunidades autónomas presentan problemas de despoblación de sus zonas rurales. Algunas, como Galicia, también de dispersión de sus núcleos poblacionales. Por eso, la idea es que se priorice el concepto humano sobre la distribución administrativa”, explican desde Teruel Existe para aclarar que la intención es proteger la vida social de las localidades más pequeñas, independientemente de si tienen ayuntamiento propio o no. Al estar incluidos en la Ley de Economía Social, estos establecimientos contarán con ventajas ante la Seguridad Social (propias de otro tipo de entidades dedicadas al bien común, como las fundaciones o cooperativas) que les ayuden a sobrevivir. Este tipo de negocios, cuya clientela es escasa, siempre la misma y suele contar con un poder adquisitivo menor que en las ciudades, tiene dificultades para mantenerse a flote.
Trato fiscal de cofradía
La proposición también contempla incluir a las tiendas y pequeños comercios (y la venta ambulante) dentro de la ley, al considerar que ejercen una función social en los pueblos similar a la de los bares. La propuesta de ley es una medida de lucha contra la despoblación. “Aquellos municipios donde se cierra un bar o un pequeño comercio la despoblación avanza más rápido”, reza el texto presentado en el Congreso, aludiendo a varios estudios académicos que así lo demuestran. Para Teruel Existe, estos locales cumplen con los principios de economía social, al realizar actividades empresariales donde priman las personas sobre el beneficio económico, favorecen el desarrollo local y la inserción de personas en riesgo de exclusión social.
Así, de materializarse de forma definitiva, los bares de las poblaciones con menos de 200 habitantes serían tratados en términos fiscales como cofradías de pescadores, cooperativas o fundaciones. Teniendo acceso a bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social por incorporar trabajadores en desempleo, capitalización de la prestación por desempleo o pago único de la prestación por cese de actividad, entre otros.
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