Los enganches ilegales se disparan en Galicia por las plantaciones de marihuana y la crisis

El pasado mes de agosto, dos vecinos del concello de Oza-Cesuras recurrieron a una mezcla de humor, desparpajo, ocurrencia y desesperación para tratar de librarse de dos denuncias por cultivo de marihuana –se les incautaron casi 20 kilogramos– y por fraude en el suministro eléctrico. “Somos de la República de Menda Lerenda y no estamos sujetos a la legislación española”, alegaron según informó la Guardia Civil tras una actuación que partió precisamente de la compañía eléctrica. Esta había detectado un raro incremento en el consumo de la zona y activó la alarma. En octubre, la Benemérita detectó otra plantación de marihuana en Amoeiro con otro enganche ilegal al tenido eléctrico. Al cultivo de canabis, se une la crisis de precios que golpea a miles de familias como estímulo de estas conexiones fraudulentas para no pagar la luz, que en el último año aumentaron un 35% en Galicia, causando un perjuicio económico de alrededor de 100 euros por consumidor, que es quien acaba pagando esa factura extra, no las compañías.

Los enganches ilegales a la luz crecen en Galicia: se destapan 40 casos cada día

Los empalmes de la línea eléctrica de un hogar al cuadro del vecino o directamente al cableado exterior no solo suponen un fraude económico, sino un peligro, pues disparan el riesgo de que se generen apagones e incendios debido a cortocircuitos. En el contexto actual, estos delitos están creciendo.

“El fraude suele aumentar en periodos de crisis económica y también vinculados con otras actividades ilegales”, apuntan fuentes de Naturgy, que copa la mayor parte del suministro doméstico en Galicia a través de la distribuidora UFD, que presta servicio en 286 de los 313 municipios de la comunidad. “Se trata de un fenómeno que se repite, ya que solo durante la última crisis, entre los años 2008 y 2012, los enganches ilegales a la red se dispararon un 28% y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado”, añaden.

Las eléctricas detectan un incremento de los enganches ilegales a la red general

Durante los dos últimos años, el plan de esta compañía contra el fraude derivó en 11.400 comprobaciones en Galicia. En 2.816 se detectaron fraudes, “gracias a lo cual se han recuperado 40 GWh: 17 en 2021 y 23 en 2022, lo que supone un incremento del 35%” el año pasado, expone Naturgy. Esa energía defraudada y ahora recuperada equivale al consumo anual de alrededor de 13.000 hogares.

Pontevedra

En el caso de la provincia de Pontevedra, las inspecciones sumaron 5.494 operaciones, con casi una de cada diez derivando en fraude: 591. La energía “robada” sumó 10,5 GWh, lo que equivaldría al consumo de alrededor de 3.300 casas.

2.500 hogares de fraude eléctrico

“El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico y acaba suponiendo un gran coste para el resto de consumidores en sus facturas. Nuestro compromiso firme es combatirlo para garantizar la mejor calidad de suministro en los territorios donde estamos presentes”, explica Mónica Puente, directora de UFD.

Estas prácticas supusieron un fraude de 2.000 millones de euros al año pasado a nivel estatal, con un sobrecoste en la factura de 100 euros por cliente. El motivo radica en las reglas de funcionamiento del Mercado Eléctrico Ibérico, fijadas el 10 de octubre de 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que establece la repercusión sobre los clientes de ese gasto adicional del fraude, que se divide de forma habitual en tres modalidades: manipular el contador (para pagar menos en la factura), puentear el contador para que este no mida la energía consumida y la conexión directa a la red de distribución.

La subida de la luz dispara las familias que precisan ayuda para pagar los recibos

Además, la manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito tipificado en el artículo 255 del Código Penal con una multa de 3 a 12 meses (o de 1 a 3 meses si la cantidad defraudada es inferior a 400 euros), si bien en algunos casos resulta problemático atajarlos. Aunque la compañía lo detecte, debe informar a las autoridades y estas necesitan una orden judicial para acceder a la propiedad privada donde se está produciendo el fraude.

Durante los dos últimos años, UFD, que opera también en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, realizó más de 32.500 comprobaciones que derivaron en la apertura de 9.335 expedientes por fraude. Consumieron de manera ilegal 160 GWh, equivalente al consumo de casi 50.000 hogares. De esa cifra, 105 GWh correspondieron solo al año pasado, el doble que en 2021, según la compañía.

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