La Xunta amplía su política de avales para salvar restricciones y llegar a más empresas

El Igape permitirá ser beneficiaria a cualquier firma sin importar su forma jurídica y tamaño e incluso a compañías de fuera de Galicia pero con relaciones comerciales con la comunidad

Sede del Igape en Santiago.

Sede del Igape en Santiago. / Xoán Álvarez

X. A. Taboada

X. A. Taboada

La Xunta prepara un giro a la política que rige la concesión de avales por parte del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), un órgano adscrito a la Consellería de Economía cuya finalidad “es prestar apoyo integral a las empresas y a todas las actividades que contribuyan a mejorar el sistema productivo gallego, facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento de las compañías”. Su funcionamiento se ha quedado anticuado y además resulta restrictivo a la hora de dar respaldo económico a las firmas, por lo que prepara una actualización de la normativa que regula su operatividad. Como principales novedades, en adelante incluirá como posibles beneficiarias a cualquier actividad productiva, independientemente de su forma jurídica y tamaño, y también podrá conceder avales a empresas sin actividad en la comunidad pero que tengan intereses en ella, como pueden ser relaciones comerciales con firmas gallegas.

Desde su creación, hace 30 años, el Igape ha otorgado a empresas instaladas en Galicia avales por 694 millones de euros que se destinaron a ampliar su capacidad productiva o a su reestructuración con el objeto de darle viabilidad al proyecto o asegurar una mayor competitividad.

Pero su regulación, mediante un decreto del año 1994, resulta ahora desfasada y la Consellería de Economía se ha puesto manos a la obra para reformarla y adecuarla a la normativa comunitaria. “La antigüedad del marco normativo pone de manifiesto ciertas deficiencias en los procedimientos de concesión y restricciones no acordes con el sistema productivo y financiero actual, respecto de las beneficiarias de los avales y de las entidades ante las que el Igape puede avalar o reavalar”, argumenta.

De momento está en la fase de consulta abierta, por lo que no hay un borrador de decreto, pero la Xunta indica cuáles serán sus objetivos, dirigidos fundamentalmente a ensanchar el campo de operaciones del Igape y superar las restricciones que actualmente rigen en su funcionamiento, que limitan su actuación.

“Se amplía el ámbito respecto a la regulación vigente, permitiendo la posibilidad de ser beneficiaria a cualquier empresa, independientemente de su forma jurídica y tamaño, incluyendo expresamente asociaciones, comunidades de bienes y otras entidades que desarrollen actividad económica y realicen actuaciones en favor del tejido empresarial gallego”, expone la Consellería de Economía como declaración de intenciones. Y también cita como “ampliación” del ámbito de actuación del Igape el conceder avales “a empresas que no desarrollen su actividad en Galicia, siempre que requieran garantías financieras o técnicas para sus relaciones comerciales y/u operativas con empresas gallegas”.

También se incrementarán, según avanza Economía, los órganos ante los que podrá prestar los avales. Ya no solo será ante las entidades de crédito, sino también ante cualquier establecimiento financiero sujeto a la supervisión del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En cuanto a los reavales ante las sociedades de garantía recíproca, ya no tendrán que ser solo gallegas, sino que pueden ser de cualquier otra parte, siempre que estas avalen a empresas gallegas o con intereses en la comunidad.

Además, también como novedad, los procedimientos de tramitación y formación de los avales dejarán de estar regulados de forma general por un decreto, sino que lo harán conforme las bases específicas de cada operación que se apruebe.

“El largo tiempo transcurrido desde la aprobación de este marco regulador, en el año 1994, hace necesario aprobar uno nuevo sobre los avales del Igape, adaptado a la normativa comunitaria, con ámbitos de actuación más amplios que los vigentes y con mayor seguridad jurídica”, concluye la Consellería de Economía.

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