Agentes forestales piden ir armados para defenderse de los ataques de furtivos en el monte

Era el primero de varios días de operativo de control de caza menor en Xunqueira de Ambía (Ourense), ella iba sola, algo habitual entre los agentes forestales gallegos, cuando detectó movimiento entre la maleza: eran cazadores. El tiro que recibió como respuesta casi la alcanza, tuvo suerte. Este es el relato de una agresión ocurrida hace siete años, una de tantas hacia un agente forestal en una de las situaciones más indefensas en las que puede estar alguien: solo, en mitad de la nada y frente a un grupo de personas que están cometiendo un delito y van armadas. Su protagonista es Zeltia Burgos, representante nacional del sindicato CIG y de las primeras mujeres agentes forestales con las que contó Galicia. “Yo misma recibí un disparo”, dice cuando se le pregunta por si el sindicato cuenta con un registro de ataques a agentes.

Otra compañera no tuvo tanta suerte; mientras hacía labores de vigilancia en As Fragas do Eume (A Coruña) fue golpeada hasta quedar inconsciente. Mandíbula rota incluida. También iba sola y casi no lo cuenta. “¿Qué ha cambiado desde entonces? Nada. Recibir amenazas es para nosotros algo habitual. Te rajan las ruedas del coche, se presentan cerca de tu casa. Trabajamos en el monte donde nadie te puede ayudar”, recuerda Zeltia.

El proyecto de Ley básica de agentes forestales y medioambientales que el Gobierno está tramitando ha abierto la puerta a dos cuestiones fundamentales para este colectivo: armas defensivas y 112. Por un lado, plantea (de manera algo difusa) que están “habilitados a portar medios de defensa en el caso de que así se determine”, haciendo alusión a la capacidad de las comunidades autónomas para poner las condiciones, ya que tienen cedidas las competencias en materia de medio ambiente. Por otro, “podrán incorporarse a los protocolos del número de emergencias 112”, que además de reconocer la legitimidad de su participación en estos operativos, supone un nivel extra de protección para ellos porque estarían geolocalizados y podrían solicitar apoyo a otros cuerpos como la Guardia Civil, si estuvieran en peligro.

Suelen trabajar solos, en sus intervenciones están indefensos

La situación de estos 549 agentes en Galicia es peculiar. Dependen de tres consellerías y eso hace que el mismo cuerpo de funcionarios tenga condiciones de seguridad en el desarrollo de su trabajo muy diferentes. Facenda, que habilita los presupuestos para las dotaciones de material técnico y equipos: desde el uniforme hasta el todoterreno. Medio Rural (control y vigilancia de incendios y cuidado del monte, entre otras funciones) que concentra el 70% del personal del colectivo. “Suelen trabajar solos, en sus intervenciones están indefensos”, explica el delegado de UGT Galicia, Carlos Sanmiguel pero están conectados a la emisora 085 de aviso de incendios. El resto dependen de Medio Ambiente (furtivismo, pesca ilegal, gestión de espacios naturales) suelen ir en parejas porque se considera que están expuestos a situaciones muy peligrosas, pero “no tienen emisora activa porque no hay centralita”, afirma Zeltia.

Los agentes forestales y medioambientales se enfrentan a: cazadores furtivos, pescadores ilegales, incendiarios y gente que usa los espacios naturales para cometer cualquier otro delito u ocultarlo. “De los 150 años de historia del colectivo la gran mayoría fuimos un cuerpo armado”, dice el representante de los agentes en CCOO, Alejandro Rodríguez. La normativa vigente en Galicia especifica como requisito indispensable para ingresar en la escala de agentes forestales: “reunir las condiciones precisas para la obtención del permiso de uso de armas de fuego”, pero casi todas (armas cortas) han sido retiradas en los últimos diez años porque estaban en mal estado y no han sido repuestas.

Respaldo a los “cuidadores” del monte

En su trabajo diario “los funcionarios de la escala de agentes forestales tienen la consideración de agentes de la autoridad”, reza el reglamento que regula este cuerpo al servicio del medio ambiente en Galicia. Sin embargo, muchos de ellos desarrollan sus labores en solitario y sin un instrumento, ni legal ni físico, que les respalde como autoridad y les proteja. Algunos agentes reconocen que hay compañeros que trabajan portando sus armas cortas personales, un asunto delicado porque, aunque tienen permisos vigentes, están en acto de servicio y en ningún sitio se especifica qué se considera arma reglamentaria. A pesar de esta realidad, la mayoría de ellos trabajan desprovistos de ellas. Y es el rifle anestésico su único acompañante, para cuando se encuentran con un jabalí.

“No es la primera vez que una ley básica se queda a las puertas, hubo otra que llegó a aprobarse por el Senado y se paró”, recuerda Sanmiguel quien apunta a que muchos compañeros rehúyen determinadas situaciones, por el peligro que supone para su integridad hacer su trabajo. Tanto UGT como CCOO defienden la regulación del uso de armas defensivas. No así CIG que pone énfasis en la necesidad de que los agentes reciban la formación en gestión de conflictos que sí tienen otros cuerpos. Respecto a que la Ley básica salga adelante, el sindicato nacionalista cree que sería un error para Galicia porque significaría ceder competencias ganadas al Estado.

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