Las ayudas para pagar internet fracasan: llegan a menos del 2% de los beneficiarios previstos

La pandemia evidenció la importancia de las nuevas tecnologías. Un ordenador con conexión a internet se convirtió en una herramienta imprescindible para trabajar, estudiar o relacionarse con la administración. Pero no está al alcance de todos y empezó a denunciarse la exclusión digital de algunos colectivos. Por un lado, están los mayores con escasas capacidades digitales pero también hay hogares con pocos recursos que no pueden permitirse una buena conexión a internet. Para estos últimos la Xunta lanzó los llamados bonos digitales, enmarcados en una convocatoria estatal, y dirigidos a familias sin recursos para contratar o mejorar la conexión a la banda larga fija con una velocidad mínima de 30 Mbps.

Se contaba con un presupuesto de 1,3 millones de euros y la previsión era llegar a 5.774 beneficiarios. Pero solo solicitaron estas ayudas 149 personas. Y, de momento, se han concedido 98 ayudas. Desde la Axencia para a Modernización Tecnolóxica (Amtega) aclaran, en todo caso, que la cifra de perceptores aumentará porque hay solicitantes que aún están enmendando documentación.

Aún así, se llega a menos del 2 por ciento de los beneficiarios previstos cuando se lanzó la convocatoria. La ayuda consiste en una subvención mensual de hasta 20 euros en la factura emitida por la compañía de internet, que debe inscribirse como colaboradora de la Xunta. Esta prestación económica se dará durante un periodo de 12 meses con un máximo de 240 euros.

Renta

Las ayudas están dirigidas a hogares que no cuenten con conexión fija de 30 o más Mbps y cuya renta anual (per capita) sea inferior al 125 por ciento del IPREM en caso de no tener menores (10.500 euros anuales) o al 175 por ciento si se tienen hijos a cargo (14.700 euros). Son fundamentalmente beneficiarios de la Risga, del Ingreso Mínimo Vital, así como otras familias con pocos recursos o en riesgo de exclusión social.

La Xunta responsabiliza al Gobierno de la escasa acogida, pues el bono digital es “una iniciativa predefinida por el Gobierno de España en el marco del programa estatal Único” con el que se pretende que el 100 por cien de la población tenga acceso a servicios de banda ancha de por lo menos 100 Mbps en 2025.

Según denuncia la Amtega, Galicia junto a otras comunidades autónomas advirtieron ya a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones el pasado 12 de enero del riesgo de “falta de interés” por este tipo de ayudas debido a los criterios establecidos y a que se dejaba fuera de las ayudas la posibilidad de subvencionar la banda ancha. “Y el Gobierno de España no autorizó a las comunidades a adaptar los criterios para aumentar la demanda”, defienden desde la Amtega.

“Galicia advirtió en varias ocasiones al Gobierno del Estado de que el despliegue de banda ancha no se debe hacer con criterios uniformes, ya que hay territorios que tienen necesidades específicas relacionadas con aspectos como el envejecimiento o la dispersión de la población”, alega la Amtega.

En las próximas semanas se va a abrir una nueva convocatoria de estas ayudas y, en esta ocasión, se prevé dar un plazo más amplio para solicitarlas, de manera que se podrán pedir hasta finales de octubre.

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