La pandemia espolea a los mayores a designar tutores que velen por sus intereses

La pandemia provocó que muchos ciudadanos tomasen “conciencia de su propia vulnerabilidad y las de sus familiares”, sostiene el decano del Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño. A su juicio, esa sería una de las razones que pueden explicar que en los dos últimos años se haya más que duplicado la cifra de gallegos que acude a los despachos de los notarios a otorgar poderes preventivos, una de las figuras legales que garantizan, como explican desde el Consejo General del Notariado, que se cumplirá su voluntad llegado el caso de que no pueda expresarla.

De forma similar al testamento vital, que posibilita dejar constancia de las decisiones sobre cuidados médicos, destino de órganos e incluso eutanasia, por si las circunstancias impiden poder manifestarlas, que también espoleó la crisis sanitaria –en Galicia las instrucciones previas inscritas en el registro superan las 14.500 –, los poderes preventivos suponen designar a alguien para actuar en representación de los intereses del que otorga el documento para el caso de verse en una situación de no poder decidir por sí mismo.

Dos tercios de los testamentos vitales del último año incluyen la eutanasia: más de mil

En España, en general, es una fórmula cada vez más demandada y lo propio sucede en la comunidad gallega: en 2020,año de la pandemia, se otorgaron 178 documentos de estas características en la comunidad y dos años después, en 2022, ya alcanzaron los 391, más del doble. Para Graíño en ese aumento también ha tenido que ver el que las notarías “se anticiparon a la entrada en vigor de la ley 8/2021 de apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica para determinar qué instrumentos serían adecuados para cubrir esas necesidades e inquietudes en previsión de una futura discapacidad”.

El decano de los notarios gallegos inauguró ayer en la facultad de Derecho de la Universidade da Coruña unas jornadas organizadas por la Fundación Aequitas, el Consejo General del Notariado y el Colegio gallego sobre dicha normativa, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En el seno de ese foro, Graíño aseguró que “se está trabajando en una actualización de la ley de Derecho Civil de Galicia de 2006” con el objetivo de “revisarla y adaptarla a los principios” de la nueva legislación.

Anticiparse

Decidir por uno mismo mientras se puede es una de las recomendaciones de los notarios, quienes avisan de no dejarlo para el final. A sus despachos, explica Graíña, acuden sobre todo gallegos mayores, en el entorno de los 60 e incluso de los 70 años para otorgar este tipo de documentos, pero considera que sería conveniente “anticiparse” a la hora de expresar esas voluntades para asegurarse de llegar a tiempo, también para evitar potenciales conflictos, y a ello instó ayer durante su intervención.

En el encuentro, Graíño aludió a que las familias van conociendo los diferentes instrumentos jurídicos a su disposición para armar un plan de medidas voluntarias de apoyo “para que las personas que han perdido el descernimiento puedan seguir viviendo como ellas hayan previsto, determinando la persona de su confianza que se encargará de cumplir su voluntad, deseos y preferencias”.

Aparte del poder preventivo, existe la autocuratela, en la que el interesado, además de dejar por escrito, explican los notarios, cómo desea que se organicen y administren los asuntos relativos a su persona y bienes, incluye el nombramiento de un curador, que será preferentemente asistencial. En este caso se precisa autorización del juez para funciones representativas. En Galicia los notarios contabilizaron el pasado año 277 autocuratelas. Estas son compatibles con el poder. En la última década, los notarios gallegos registraron unos cinco mil documentos de ambos tipos.

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