La inflación les cuesta 110 millones más a los concellos: las facturas crecen un 20%

Si la gasolina se encarece y materiales como el hierro o el cemento baten récords de subida de costes, los servicios que debe contratar la administración para acometer obra pública, prestar servicios a los ciudadanos o realizar una exposición en el auditorio municipal también requieren más recursos. Es la consecuencia de la peor crisis de precios en cuatro décadas, que situó el año pasado en un índice de precios al consumo del 6,4%, aunque hubo picos mucho mayores antes de la decisión del Gobierno central a finales del ejercicio de lanzar un paquete de medidas para contenerlo. En ese contexto, las arcas municipales tuvieron que afrontar un incremento de las facturas que pagan a sus proveedores, que rozaron los 636 millones, un 20% más que en 2021.

La radiografía de las cuentas municipales referidas al pago de facturas, tanto presupuestarias como extrapresupuestarias, elaborada por el Ministerio de Hacienda revela el sobrecoste para los consistorios de un año con el IPC desbocado. A lo largo del año pasado, sumaron 467,2 millones de euros en facturas pagadas a empresas por suministrar sus servicios, desde obras a talleres formativos, por ejemplo.

A esa cifra, se suman otros 169 millones pendientes todavía de pago, cantidad esta que se disparó un 26% respecto al año anterior.

Este balance se refiere al último ejercicio cerrado antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, lo que normalmente coincide con un incremento del gasto. Los gobiernos locales llegan el primer año para hacerse una composición de lugar y luego van incrementando el desembolso para intentar cumplir con su programa. Es el comportamiento habitual,.

El impacto de la inflación resulta evidente. El montante que suman los albaranes pendientes de pago alcanzó la cifra más alta desde 2017 y rompió la racha de tres años de reducción, descontando 2020 por el condicionante que supuso la pandemia de COVID-19, en el que esa cantidad cayó a 128. De 178,7 ese año se pagó a 144,5 en 2018, 136,5 en 2019 y 133,3 en 2021, que si bien superó a 2020 se situó por debajo de 2019.

En este contexto, la cifra de concellos que supera los 30 días fijados como tope de período medio de pago a proveedores se mantiene estable alrededor del centenar de casos: suman 94. Las peores cifras se registran en Melón (678 días), Pobra de Trives (613), Pol (478) y Porriño (456). Por ciudades, suspenden Ourense (46) y Santiago (39).

Para ayudar a estos incumplidores a ajustarse a la ley y evitar problemas empresariales por no cobrar de la administración, el Ministerio de Hacienda lanzó el mes pasado un salvavidas para casi medio centenar de concellos gallegos marcados en rojo. Se trata de préstamos en condiciones ventajosas para saldar esas deudas que suman un total de 65 millones de euros.

A cambio, los municipios deben aprobar planes de ajuste para recortar gastos y subir ingresos, como hace unos días hizo el concello de Salceda de Caselas, que subirá el IBI y el precio de la piscina municipal a cambio de una cesión de dos millones de euros de Hacienda.

De esos 48 municipios afectados en Galicia, doce deben acogerse al plan de manera forzosa por su mala situación. Otros 36 pueden hacerlo de manera voluntaria. Santiago, por ejemplo, declinó la oferta.

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